Juicio político: polémica hoy por reunión entre Ibarra y testigos

La declaración de dos inspectores porteños que mencionaron una reunión con el suspendido jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y con su defensa para asesorarlos sobre el juicio político, se convirtió hoy en el eje de la quinta jornada de debate en la Legislatura.

Los inspectores César Suárez Campesano y Virgina Brizuela señalaron ante la Sala Juzgadora que mantuvieron reuniones con Ibarra en los últimos días en las oficinas de Arenales al 1.600, en las que se realizaron consultas sobre las presentaciones que debían dar como testigos ante el tribunal.

Suárez Campesano señaló a uno de los abogados de la defensa, Fernando Castejón, como el letrado presente en la reunión y mencionó a otros inspectores, como Brizuela, Luis Cobo, Marcela Velazco y José Marcó del Pont, como presentes en el encuentro.

El inspector señaló que esa reunión ocurrió el pasado lunes 23 de enero al mediodía y que el propio Ibarra le respondió algunas dudas sobre el motivo de la citación.

Según el testigo, esa reunión fue gestionada por sus superiores Gabriel Ferrari y Paula Trusso, quienes le indicaron que allí lo informarían "sobre la convocatoria ante este tribunal".

A partir de allí, las preguntas de la fiscalía y de la Sala Juzgadora estuvieron direccionadas a reunir información sobre el contenido del encuentro, detalles de las respuestas e indicaciones que se les dieron, y se citó a su colega Brizuela para que confirmara la reunión.

Brizuela fue llamada a testimoniar ante el tribunal y confirmó la existencia de una reunión con otros inspectores y "un abogado", y mencionó que "estuvo un rato Ibarra", pero no reconoció al letrado mencionado sino que se limitó a decir que "quien está en el medio" en la defensa (en referencia a Castejón), es el más parecido".

Brizuela dijo que ella misma solicitó a su superior jerárquica Marcela Velazco "una reunión para consultar" sobre aspectos de su declaración, por ejemplo, si debía ir acompañado por un abogado o si podía presentar documentación y acerca de qué preguntas debían hacer.

La imprecisa identificación fue forzada por una pregunta de la legisladora macrista Silvia Majdalani, quien le pidió a Brizuela que "dirigiera la mirada a la defensa" y dijera si podía reconocer entre ellos al abogado presente en la reunión.

Ese pedido motivó la intervención del codefensor Julio Golodny quien advirtió ante el presidente del tribunal, Julio Maier, que "se está afectando la investidura de la defensa" y rechazó que "se convalide un reconocimiento" del letrado.

La falta de precisiones, en tanto, llevó al legislador de la Sala Acusadora Helio Rebot a pedir copias de la versión taquigráfica para presentar una denuncia penal contra Brizuela por presunta "reticencia a declarar" y hasta advirtió que podría haber incurrido en "falso testimonio".

La defensa de Ibarra, que coordina Julio César Strassera, salió a cruzar las suspicacias vertidas por los acusadores y afirmó que dar información a los testigos es un procedimiento "usual".

"La reunión con los inspectores no fue a pedido de Ibarra, sino de los propios testigos. La posibilidad de ser asesorados ante su presentación en un juicio es un procedimiento usual", le dijo Strassera.

El letrado puntualizó que "eso no significa que se esté amañando testigos como quieren hacer parecer" y acusó a los fiscales en el proceso de "estar explotando una política vulgar, incluso con el pedido de falso testimonio que se utiliza en los juicios para intimidar a los testigos".

"Si algún testigo solicita hablar con nosotros, por supuesto que lo vamos a recibir, porque están temerosos, sobre todo cuando ven cómo se los acosa y agravia", completó el letrado.

Todo se desencadenó cuando llegaron a manos del diputado kirchnerista Rebot unos papeles que había traído Suárez Campesano en el que se había subrayado un párrafo con resaltador anaranjado que decía "ojo con la pregunta sobre si estaba para clausurar (Cemento) o no".

Rebot le preguntó entonces a Suárez Campesano por qué figuraba esa advertencia y quién la había escrito.

El testigo afirmó que eso lo había hecho su abogada Adriana Taranto y que además era sólo para que funcionara como un "ayuda memoria", aunque luego aclaró que le habían explicado sobre el desarrollo del juicio.

Antes de que se disparara la polémica sobre las reuniones, el inspector Suárez Campesano se había referido a la normativa aplicada y destacó que no podía disponer la clausura de un local como Cemento -la discoteca que regenteó Chabán en la calle Estados Unidos durante varios años- porque no tuviera en vigencia la tarjeta de los bomberos.

Además, reconoció que el dueño de Cemento, Omar Chabán, no pudo mostrar el plano contra incendio; tampoco el de habilitación termomecánica y que además las condiciones de higiene no eran buenas.

En este sentido, dijo que Chabán mostró una nota en la que decía que todo esto ya había sido presentado en la Dirección de Fiscalización y Control.

Por su parte, el secretario de Cultura porteño, Gustavo López, declaró hoy en el marco del juicio político al suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y dio explicaciones sobre la entrega de un subsidio de dos mil pesos al local Cemento, del empresario Omar Chabán.

El funcionario rechazó que exista alguna "relación entre el Gobierno y Chabán" y dio precisiones sobre la tramitación del beneficio.

López señaló que el subsidio entregado en su momento a Chabán corrió por cuenta de Pro Teatro, un organismo descentralizado del Gobierno porteño.

El subsidio se trató de uno de los 1.118 entregados por el organismo y en el caso del local de Chabán se le asignó para "hacer una actividad teatral", según explicó.

"Alguien quiso comprometer al gobierno con Chabán y quedó claro que no existe ninguna relación", aseguró López al finalizar su declaración.

López precisó que Chabán había pedido otro subsidio, pero que no se llegó a entregar porque el empresario "no hizo los trámites bancarios correspondientes".

El funcionario destacó que Pro Teatro es un ente que "administra su presupuesto y toma las decisiones" y que sus integrantes son designados "por concurso".

En tanto, los miembros de la Sala Juzgadora escuchaban las declaraciones de inspectores y preveían también interrogar a la titular del Centro de Gestión y Participación número 13, Virginia Haurie.

En tanto, por la tarde está previsto que declaren el director de Deportes porteño, Daniel Bravo; el gerente de Follia, Daniel Vázquez; y el secretario de la Fiscalía de Instrucción de delitos mayores número 3, Ignacio Rodríguez Varela.

Por su parte, el abogado defensor del Aníbal Ibarra, Julio César Strassera, denunció hoy que los legisladores "presionan a los testigos" cuando "no les sirve para acusar" al suspendido jefe de Gobierno porteño.

"La presión es la siguiente: cuando el testigo no les sirve para acusar a Aníbal Ibarra, lo acribillan a preguntas y le preguntan cuatro cinco y seis veces lo mismo y, con el pretexto de 'no me quedó claro', vuelven a preguntar lo mismo", aseveró Strassera en declaraciones radiales.

En este marco, el abogado, ex fiscal del Juicio a las Juntas Militares, planteó la necesidad de "respetar el derecho a la defensa por más político que sea el juicio".

Incluso, puntualmente señaló el caso del director de Protección del Trabajo de la Ciudad, Florencio Varela, que declaró ayer como testigo en el proceso que la Legislatura realiza contra Ibarra por presunto mal desempeño de sus funciones en el marco de la tragedia de Cromañón.

En este sentido, consideró "grave" el hecho de que la fiscalía haya tenido "dos horas y media a un testigo que estaba declarando de forma impecable", a partir de la "repetición de las mismas preguntas" que el mismo titular de la Sala Juzgadora, Julio Maier, señaló en la audiencia.

Además, Strassera señaló como otro hecho "grave" ver "cómo los fiscales (del juicio político) reciben papelitos de un abogado que está entre los familiares" de las víctimas de Cromañón, con lo que hizo alusión, aunque sin nombrarlo, al abogado José Iglesias.

Por otra parte, el defensor de Ibarra cargó también contra el macrismo: "Yo denuncié al principio que esto era una maniobra del macrismo. Hay una diputada del macrismo, Soledad Acuña, que está yendo a hablar continuamente a los fiscales pasándole papelitos", advirtió.

En este marco, Strassera aseguró que, como fiscal, "jamás un solo testigo se quejó" de que lo hubiera "agredido" y, sostuvo, "eso que tenía una causa más importante (en referencia al Juicio a las Juntas Militares) y nadie jamás se quejó por agresión a un testigo".