Justicia desestimó la denuncia contra Gils Carbó por nombrar fiscales
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Alejandra Gils Carbó
Estas decisiones se tomaron "para paliar el déficit de fiscales, un problema que desde antaño aqueja al organismo".
"Los artículos 11 y 33 de la ley 24946 cristalizan la estructural jerárquica y la facultad de sustituir magistrados para el caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia. Lo singular de esos artículos es que ya habían sido invocados una y otra vez, antes de la gestión de la Dra. Gils Carbó", agregó.
Casanello entendió que el Ministerio Público Fiscal "tiene una jefa máxima de todos los fiscales -la Procuradora General- la que coordina su accionar y fija las líneas de la política criminal y de persecución penal. Por ende, su organización es de tipo piramidal y actúa bajo los principios de jerarquía, unidad de actuación y coherencia institucional. Esto traza una diferencia diametral con el Poder Judicial, donde rige el principio de horizontalidad".
"El tipo de designaciones cuestionadas posee respaldo normativo", reiteró el juez, al recordar que "el Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia", analizó.
Y concluyó que "si se cuestiona la creación por parte de la Procuradora General de estructuras de apoyo y la designación de fiscales ad hoc y/o subrogantes es porque se postula como deseable -o preferible- mantener las viejas, hasta tanto el Congreso no intervenga y hasta tanto se cuente con una planta nueva de magistrados concursados".
"Esto último es igual a decir que mientras ello no ocurra debe conservarse el tipo de organización esencialmente refleja, en la que a todo juzgado le corresponde un fiscal, con los inconvenientes propios de una simetría estructural que no se adapta a las funciones distintas que poseen ambos órganos", concluyó.
Cimadevilla había denunciado a Gils Carbó por supuesto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público por el nombramiento de fiscales interinos y ad hoc sin cumplir con requisitos legales y alterar mediante resolución de la Procuración la estructura del Ministerio Público.
Marijuán dictaminó a favor de impulsar la investigación y requirió medidas como el envío de resoluciones, expedientes administrativos, entre otros puntos.



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