Justicia será secretaría

Una de las medidas del nuevo gobierno de Adolfo Rodríguez Saá es la descategorización del Ministerio de Justicia a secretaría, una medida reclamada a partir de que esa cartera perdió injerencia en la designación de jueces en manos del Consejo de la Magistratura y sólo actúa como nexo -muy devaluada en la última gestión-entre el Poder Ejecutivo y el Judicial: los dos organismos más importantes de ese ministerio eran el control del Servicio Penitenciario Federal y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se encarga de las relaciones con los organismos específicos tanto nacionales como internacionales. También, aunque sin estructura específica pero dependiendo del área del ministro, figuraban los programas con el Banco Mundial que alimentaba al ministerio con créditos para proyectos específicos. Ahora, con el nuevo esquema, se abre un interrogante sobre esta diagramación.

Alberto Zuppi, el nuevo secretario, es un activo y prestigiado abogado penalista que se ha caracterizado por patrocinar causas importantes en materia de derechos humanos, además de ser uno de los abogados de la AMIA en el juicio por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 contra la mutual judía. En ese contexto defensista, uno de sus logros fue haber conseguido la extradición del ex nazi Erick Priebke y haber sido uno de los impulsores ideológicos de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que concretó el ex juez -ahora camarista-Gabriel Cavallo. Ese fallo fue confirmado por la Sala II -Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi-y ahora debe decidir la Corte, una medida que ha erizado la epidermis de los militares.

Zuppi es, además, abogado del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, quien habría rechazado un ofrecimiento para hacerse cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que hasta ayer ejerció Diana Conti. ¿Cuál es la relación de Adolfo Rodríguez Saá con este sector de la izquierda peronista que a principios de los '70 se dividió entre Montoneros y JP de las regionales? En San Luis se encuentra la respuesta en la designación como delegado provincial que hacia esa época hizo el ex secretario general del partido peronista, Juan Manuel Abal Medina, de un joven abogado que ocupaba una banca en la Legislatura provincial por el PJ puntano pese a que en sus inicios políticos había militado en el Partido Conservador local, llevado por sus ancestros locales. Ese abogado no era otro que el actual presidente, que ya había conocido a otro abogado izquierdista de nota: Eugenio Zaffaroni, designado como procurador de la Gobernación por el entonces gobernador Elías Adre, otro de los padrinos políticos «del Adolfo».