Política

Con 50 contratos, el Gobierno tienta a Casación por "testigos"

Tras resistencia inicial, se plantea estructura y cargos que estén bajo el control del máximo tribunal penal para convencer a los jueces. Corte Suprema debería aprobar contrataciones pero se frustró reunión para discutir tema. Nueva propuesta incluye deslinde de responsabilidad por su funcionamiento.

La idea del Gobierno de traspasar a la órbita del Poder Judicial el Programa de Protección de Testigos e Imputados Colaboradores quedó empantanada en el tire y afloje de la negociación que cuenta con la negativa de Alberto Fernández y con la resistencia de tribunales a hacerse cargo del paquete. En las últimas horas de la semana pasada, en despachos oficiales comenzaron a corregir el borrador del DNU que iba a ser oficializado por Mauricio Macri, pero quedó en suspenso. La nueva redacción cuenta con un incentivo para la Cámara Federal de Casación Penal: 50 contratos de personal a ser repartidos por el máximo tribunal penal, que debería absorber bajo su égida (aunque sólo de manera formal) la estructura de testigos protegidos. Y también incluye un deslinde de responsabilidad respecto de su funcionamiento y presupuesto, que quedará en cabeza del director del área -de manera exclusiva- y de fondos aplicados por el Consejo de la Magistratura. ¿El problema? Los contratos deben ser autorizados por la Corte Suprema. En Talcahuano 550, más allá del guiño de Casación a la nueva propuesta, no terminan de ser seducidos por la idea.

El borrador en el que trabaja el Gobierno es sustancialmente distinto al que semanas atrás llevó a una reunión de Superintendencia el presidente de Casación, Carlos Mahiques. Sus colegas le pidieron que lo circulara pero el texto quedó sólo expuesto en sus ejes argumentales. La cuestión disparó resistencia de los magistrados que veían que -de forma inconsulta- la Casa Rosada les imponía el costo político de hacerse cargo del Programa sin beneficio de inventario. Ese fue el primer freno, luego de la automática desmentida de Fernández acerca de que el proyecto había sido consensuado con sus equipos ligados a justicia. En su interior, el traspaso incluye un mensaje político: los testigos protegidos no están seguros ante el cambio de autoridades del Poder Ejecutivo porque en algunos casos han declarado en contra de exfuncionarios. Aunque numéricamente irrelevante en cuanto a la cantidad de personas que cumplen esos parámetros y están bajo la asistencia del programa, la cuestión tiene el peso simbólico indigerible para el Frente de Todos. El otro dilema es la vía elegida por la saliente administración. Un decreto de “necesidad y urgencia” que establece parámetros respecto a una cuestión de índole penal puede estar infringiendo las materias vedadas para su dictado y es factible tanto de ser judicializado como impugnado por otro decreto después del 10 de diciembre.

Por eso es que en las últimas horas, comenzaron las correcciones al proyecto original. Se sumó así una “zanahoria” atractiva para el mundo judicial: la posibilidad de disponer de contrataciones ligadas al manejo del Programa que quedarían bajo el control de Casación para diversos cargos a cubrir. Esa chance posibilitaría ganar adeptos en el plenario. El problema es que más allá de que los fondos para su sustentabilidad provengan de la fatigada caja del Consejo de la Magistratura, en términos formales deben ser autorizados por la Corte para su creación. El jueves se convocó de urgencia una reunión entre autoridades oficiales y los cinco ministros. Todos tenían actividades lejos del Palacio de Justicia y declinaron la convocatoria que había sido transmitida por el presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz. Tampoco él asistió. De esta forma, la Corte se mostró distante tanto de la urgencia del Gobierno como del rechazo que la cuestión había tenido desde Comodoro Py. Con la semana corta, el asunto podría recién ser abordado el jueves próximo, sin la garantía de que existan las tres firmas necesarias para que la iniciativa avance, dado el nuevo circuito de funcionamiento que tiene la Corte para las cuestiones de superintendencia.

El otro aliciente que propuso el Gobierno para vencer la resistencia de los jueces es el deslinde de responsabilidad total respecto a su funcionamiento, con atribuciones y facultades centralizadas en el Director del Programa, que no será un magistrado, ni deberá rendirle informes a Casación por el carácter secreto en materia de seguridad para los protegidos.

En Casación aguardan el nuevo texto para analizarlo.

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