24 de diciembre 2019 - 00:00

Magistrados también crean comisión y buscan negociar con la Casa Rosada

Tras enviar mensaje de naufragio judicial a reforma inconsulta, judiciales apuestan a dialogar con el Gobierno y defender "sustentabilidad" del sistema. Trabajarán sobre datos duros para maniobrar con el intento oficial. Cónclave unificó a las tres listas.

Alejandro Vanoli junto a Alberto Fernández.

Alejandro Vanoli junto a Alberto Fernández.

Presidencia

Los jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales comenzaron a trabajar en una estrategia común para enfrentar un proyecto de ley que modifique el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial, anunciado como un capítulo desdoblado para sesiones extraordinarias de la ley ómnibus aprobada por el Congreso que suspende la actualización automática de la movilidad para el sistema previsional. Bajo fuerte hermetismo, ayer por la tarde hubo una reunión reservada en el seno de la tradicional Asociación de Magistrados, donde confluyeron representantes de las tres líneas en las que se divide la vida política interna dentro de la Justicia.

Allí pactaron trazar un horizonte de trabajo en comisión, una vez que logren tender puentes de diálogo con diversos sectores del Poder Ejecutivo y puedan decodificar hasta dónde la administración de Alberto Fernández quiere hundir el bisturí respecto del régimen por el cual acceden al 82% móvil. A la estrategia silenciosa de judicializar cualquier proyecto que amague con ser retroactivo, se sumó ahora el intento de mostrar predisposición a que exista algún retoque que pueda surgir de un proceso de discusión consensuado y negociado.

De la airada reacción subterránea que se tradujo en iracundos mensajes durante el fin de semana, ayer pasaron a la acción. Los representantes jueces del Consejo de la Magistratura de las listas Bordó, Celeste y Compromiso Judicial, junto a delegados de los fiscales y de los defensores y una lista ampliada de participantes formaron parte de un cónclave para definir los pasos a seguir. A trazo grueso, se decidió maximizar consultas con el Gobierno para obtener información de primera mano de cómo podría perfilarse el proyecto de ley y sobre todo, asegurarse que no afecte a quienes estén próximos a jubilarse.

Las tres listas acordaron formar una comisión que con perfil bajo siga el tema con el Gobierno. Otro sector trabajará en los números finos para sentarse a la mesa de negociación con muñeca firme respecto de que no es un “privilegio”, sino que es un régimen especial que debe ser mantenido. La postura inicial marcará los márgenes de negociación que habrá, luego de que el Ejecutivo recibiera el mensaje de que una reforma inconsulta naufragará en tribunales.

La principal queja judicial responde a la “sustentabilidad” del sistema que, por sus números y el porcentaje adicional de descuentos, genera que se requieran menos activos para financiar a los pasivos, casi sin déficit comparado con el sistema general. Le calculan que al descalabro general, los judiciales solo le aporten un 1% a ese déficit. A los magistrados les genera dudas si se trata de una jugada de ajedrez del gobierno para deslegitimar la discusión con el Poder Judicial –que podría bloquear cualquier cambio- pero tener así suficiente consenso social como para arremeter con una reforma judicial de alto impacto.

No habría, en principio, tal nivel de sofisticación. Tanto así que el Gobierno seccionó el régimen especial de los judiciales y del servicio exterior luego de recibir una advertencia desde el fuero de la Seguridad Social en la que alertaron por el posible bloqueo, vía amparo, de todo el paquete si se suspendía la actualización incluyendo a los regímenes especiales de los judiciales.

Los tanteos previos estuvieron a cargo de la ANSES de Alejandro Vanoli para evaluar el nivel de litigiosiad que podría avecinarse por la suspensión por 180 días de la actualización vigente para el régimen general. Desde el Poder Judicial alegan que el régimen especial no puede disminuirse ni modificarse sin afectar el “estado judicial” al que están ceñidos los magistrados que –aun jubilados- pueden ser convocados para ocupar un cargo de idéntica jerarquía al que desempeñaban.

El “derecho adquirido” por años de aporte es otro de los argumentos cuya contracara es la propia doctrina de la Corte Suprema respecto a los años de aporte y a los índices aplicables. Se resumiría así: los descuentos no pueden ser confiscatorios, el sistema previsional debe tener progresividad (no ser nunca peor que antes) y debe haber actualización de haberes (el índice que se aplique a esa movilidad con respecto a su relación con los sujetos en actividad debe ser definido por el Legislativo). La discusión recién comienza.

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