Una providencia, en la jerga judicial, es una resolución que pretende tramitar el ordenamiento de un proceso, por lo que requiere algún tipo de acción del destinatario. Eso fue lo que la Corte Suprema le envió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) a raíz del informe que presentó respecto a determinados tweets de políticos y a publicaciones periodísticas, en el marco de una causa que investiga hostigamiento y presiones a jueces.
Esa providencia –algo habitual para múltiples causas cuando el máximo Tribunal tiene una inquietud de cualquier naturaleza- llevaba consigo una pregunta que requiere, en este caso, una respuesta. Ese organismo que debe dar soporte a investigaciones complejas, ¿está para hacer clipping de medios y fuentes abiertas?, fue lo que con mucho más rigor y formalidad, le preguntó la Corte a la Dajudeco. Cuando llegue la explicación, se abrirá otro tipo de debate en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
El importante: sobre la conveniencia o no de conservar bajo su órbita a un organismo que una ley del Congreso puso en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Mauricio Macri no confiaba en la Procuradora y lo sacó por decreto a la Corte. Cuando parecía que el actual Gobierno asumía y se lo quitaba, se percató que tampoco confiaba en el procurador interino y optó de allí en más por la lamentación permanente.
El kirchnerismo agarró el camino largo de leer que la providencia de la Corte buscaba incidir en un expediente sensible como el de presiones a los magistrados por parte de la “mesa judicial”. Nadie puede incidir sobre algo que no tiene incidencia alguna como ese informe. Pero lo verdaderamente relevante es que sí empezó a circular que la Dajudeco está próxima a abrir “delegaciones de enlace” en el interior del país. En las últimas semanas, comenzó a reclutar a postulantes para la apertura de oficinas en lugares poco frecuentes, como General Roca, Río Negro. ¿Informó la Dajudeco a la Bicameral de Inteligencia del Congreso que iniciaba una política de expansión con franquicias en el Interior? En el organismo de investigaciones afirman que los diputados y senadores estaban al tanto de esa planificación. Algunos de los miembros de la Bicameral juran que no se habían enterado nunca y que de haberlo hecho eso hubiese motivado algún pedido de informes. Desencuentros.
Por una extraña razón, parte de esos ruidos se han trasladado a la AFI que mientras la Dajudeco se expande, la central de espías contrae sus operaciones con el cierre de las delegaciones en Neuquén, Trelew y también Tucumán. Eso se compensa con la habilitación de la de Bariloche, una que siempre estuvo. Por algún motivo los movimientos subterráneos hacen trazar relaciones a los lectores del submundo de la inteligencia.
Todo esto se da en un contexto en el cual la mayoría del mundo judicial medía cómo le había ido a sus candidatos en la elección legislativa del domingo. Una encuesta sin demasiado rigor (como todas) hubiese arrojado que las preferencias de los jueces se distribuían tanto para un sector del radicalismo englobado en Juntos como por la flamante Libertad Avanza de José Luis Espert. El oficialismo no tenía mucho margen para cosechar: no solo entre magistrados y altos cargos que puedan expresar una diferencia mucho más ideológica; la herida por la poda al régimen especial de jubilaciones –la única política judicial que el Gobierno llevó a término antes de la Pandemia- sigue siendo motivo de resistencia. Afectó a la denominada “clase media” del Poder Judicial y su impacto fue demoledor para el modo de relacionamiento. Algunos dirán que visto a la distancia el supuesto beneficio fiscal de aquella batalla quedó totalmente disipado.
El Narco
Mientras tanto, el último viernes, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti mantuvo una reunión con 8 ONGs. Un mensaje quedó flotando en el aire también a partir de la reunión que realizó junto a los presidentes de las Cámaras Federales y Nacionales de todo el país: el principal desafío para el Poder Judicial es la narcocriminalidad.
El servicio de administración de justicia deberá adaptarse a una realidad que no se ha modificado, sino que ha incrementado su virulencia, con hechos de violencia que han afectado a los propios magistrados –como por ejemplo en Rosario- y con la mira puesta en mejorar los procesos que ataquen esta problemática. Si la intención de Rosatti es poner como prioridad, en materia penal, la lucha contra la narcocrminalidad es un dato. Por lo menos así lo recibieron los asistentes a los distintos encuentros en los que se plantean problemas y objetivos.
Que se asignen prioridades no implica que se deje de lado la agenda. De hecho, por el día del trabajador judicial, el acuerdo de la Corte va a ser “móvil” forzosamente y se trasladará al jueves. Se espera que haya por goteo una nueva serie de fallos que los han denominado “ordenadores”. Sobrevuela la idea también de que la Corte iniciará un proceso de autorevisión pero que no admitirá que la política le traslade problemas ajenos. Así se identifican dos asuntos sensibles a resolver: la demanda por la quita de Coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires se inscribe en un eje temático superador como es la ausencia de una actualización de la ley de coparticipación que involucre a todos los distritos en un nuevo reparto de la masa coparticipable.
El segundo asunto es la demanda por la ley aprobada por la Legislatura que habilita la revisión de decisiones de Cámaras Nacionales por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que preside Inés Weinberg de Roca. De fondo, se está hablando del traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña, también algo que arrastra una demora de décadas. Para la Corte son todos problemas que demuestran el fracaso de la política para llevar adelante los consensos necesarios para los que se comprometió en las constituyentes.
Otra elección
En simultáneo, se está dando una disputa electoral en el seno de los propios magistrados por la elección de autoridades en la Asociación de Magistrados el próximo 24 y 25 de noviembre. Para la interna, es un hecho significativo, con el aglutinante del rechazo al TSJ por la gran integración que tiene la organización por parte de los jueces nacionales, principales afectados y siempre refractarios a lo que representa el traspaso.
La “Celeste” –una de las líneas internas- se ilusiona con esta vez sí poder dar el batacazo y arrebatarle a la “Bordó” la hegemonía de 20 años de conducción y de mayoría indiscutida. ¿Cuál es el dato? Haber presentado un centenar de avales más que la lista competidora. Sin embargo, nadie canta victoria y ya ha habido antecedentes de elecciones que se pensaban reñidas y no lo fueron.
La “Bordó” apuesta a la relección del actual presidente Marcelo Gallo Tagle y sus oponentes postulan al juez del Tribunal Oral Federal de San Martín Walter Venditti. La tercera lista, de la agrupación Compromiso Judicial está totalmente desdibujada en esta pelea. Máxime cuando una jueza que tributa en ese sector fue la que se declaró, a contramano de la opinión del fiscal, “incompetente” para tratar el amparo que se había presentado para frenar la creación de una instancia judicial más a sola firma de la Legislatura. Se lo giró a la justicia porteña. Desató la ira entre sus colegas.
Esa decisión fue apelada el jueves a la noche a la Cámara Contencioso Administrativo Federal en una doble apelación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la agrupación “Gente de Derecho” que es el oficialismo en el órgano de los matriculados y que conduce Jorge Rizzo. Multiplicaron oportunidades: si ambos amparos tramitaban junto ante Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, lo cierto es que las apelaciones quedaron en dos salas distintas. Las miradas se posarán ahora en la Sala I, integrada por Clara Do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Facio por el recurso de “Gente de Derecho” y en la Sala II, compuesta por José Luis López Castiñeira, Claudia Caputi y Luis María Márquez, en la presentación que hizo el Colegio. La estación final para este problema estará en la Corte que piensa de antemano que este es un problema que, desde el vamos, se originó en la desavenencia de la política.
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