La aprobación por parte de la Legislatura de un nuevo artículo que habilita al tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño a revisar sentencias de la Justicia nacional, aprobada en la última sesión, tuvo ayer su pico de rechazo. En distintos frentes, se expresó el rechazo: por un lado el ministro de Justicia, Martín Soria, recibió a representantes de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados que fueron en protesta a lo que consideran una cuestión inconstitucional; mientras tanto, organizaciones políticas, sindicales y sociales formaron parte de una nutrida marcha a la sede del TSJ con la consigna de que el objetivo era la “colonización” de los tribunales para interferir en decisiones de la Justicia laboral; pero también la Junta de Presidentes de Cámaras Federales emitió un duro comunicado en el que denunciaron invasión de competencias exclusivas del Congreso. Todo mientras se prepara, tal como adelantó Ámbito, una presentación judicial que tendrá por destino el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Ola de rechazos a la intervención del TSJ en la Justicia: protestan Gobierno, sindicatos y camaristas
Masa crítica contra aprobación como instancia de revisión para tribunales nacionales. Soria fijó la postura oficial con los "celestes". Marcha nutrida bajo el lema "es para Macri". Presidentes de Cámaras de todo el país alertó por menoscabo del Estado de Derecho.
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Movimientos. La marcha frente a la sede del TSJ (nutrida), horas después de que Martín Soria se reuniera con magistrados “celestes” que presentaron documento en contra.
Soria sostuvo que la ley "colisiona con el orden constitucional con el objetivo de beneficiar judicialmente a un expresidente", en referencia a Mauricio Macri. "La ley no sólo es manifiestamente inconstitucional, sino que es políticamente repudiable. Si entrara en vigencia, afectaría seriamente el servicio de administración de justicia de la Ciudad", dijo Soria tras una reunión que mantuvo con la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). En la reunión, los magistrados le entregaron un documento en rechazo a la ley. "El hecho de que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se atribuyera una potestad que no posee no solo genera un riesgo institucional, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica y la garantía de juez natural", expusieron los representantes judiciales. Estuvieron presentes el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el consejero de la Magistratura Alberto Lugones; los magistrados Walter Venditti, Victoria Pérez Tognola, Paula Castro, Mónica Cuñarro, Fernanda López Puleio, Ariel Ovelar y María Pérez Carrega. El documento presentado señala que la "ley aprobada por la Legislatura es inconstitucional, por afectar los artículos 5, 31, 75 y 129 de la Constitución Nacional, además de contradecir la Ley Nº 24.588".
"Corresponde solicitar se dejen sin efecto todos los traspasos que no fueron convenidos, en razón de la actividad abusiva que efectúa la Legislatura de la Ciudad", pidieron. "Es inaceptable que los ciudadanos tengan que sufrir procesos judiciales más largos y costosos por el capricho irresponsable de un exfuncionario", indicó el ministro Soria al finalizar la reunión. Por último, el funcionario sostuvo que "el Estado Nacional tomará las medidas necesarias para restablecer el orden institucional y garantizar los derechos de la ciudadanía", sentando la postura oficial.
Marcha
Afuera del TSJ, la marcha tuvo buena afluencia con la consigna de que el objetivo de fondo era que se "busca garantizar la impunidad" de Macri y "cristalizar el lawfare". De la marcha a la sede del tribunal, ubicado en Cerrito 760, participaron representantes de la Asociación Bancaria, Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Sipreba, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA).
Durante los discursos del acto en rechazo a "la maniobra judicial" del macrismo, los dirigentes fijaron posición sobre otro de los temas que puso en alerta a los sindicatos: la reforma laboral y la eliminación de las indemnizaciones que impulsan desde Juntos por el Cambio. Durante la protesta, se observaron banderas argentinas y de los sindicatos, pero sobresalieron los carteles con leyendas contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otras que hacen alusión a la frase utilizada por la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Las más utilizada fueron: "Republicanos de morondanga"; "Larreta coloniza el Poder Judicial"; y "Repudio al sometimiento del Poder Judicial". También la legisladora porteña Claudia Neira afirmó: "Estamos diciendo no a este atropelló y es muy importante porque el oficialismo -porteño- quiere imponer su mayoría, no le creemos que quieren defender la autonomía porque la bastardean". En el fondo, sobresale la causa por el Correo Argentino SA, cuya quiebra ya fue intentada incluir como un caso donde tendría intervención el TSJ, algo que fue rechazado por los jueces que entendían el caso ante la Cámara Comercial. La Corte debe definir los límites respecto a esa instancia que también cosechó repudio de abogados por otra vía. Extiende los plazos del proceso y suma una instancia adicional, con el consiguiente incremento de costos.
Poder Judicial
Mientras tanto, y desde el punto de vista institucional, se expresó la Junta de Presidentes de Cámara con la representación del camarista Javier Leal de Ibarra. Se expresó “profunda preocupación” respecto al “apego a principios constitucionales superiores, tales como el respeto al juez natural y el debido proceso”. Alertaron sobre “decisiones que pueden generar una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva, al Congreso de la Nación”.
“Entendemos que el irrestricto respeto a la garantía del juez natural de la causa, contenida en el debido proceso y como principio integrante del bloque federal constitucional, se vería seriamente menoscabada en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho, generando serios conflictos institucionales como consecuencia de una indebida asignación de competencias por parte de un órgano legislativo que carece de dichas atribuciones”, indicaron en un comunicado la representación de todos los presidentes de las cámaras del país, en lo que es uno de los más contundentes rechazos dentro del Poder Judicial.
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