Prisiones preventivas: dilema para Corte por exfuncionarios y "lesa"

Política

En cuarto piso del Palacio de Tribunales, vislumbran un problema político entre argumentos contra "doctrina Irurzun" y de los abogados de militares detenidos. Sin reforma legislativa, no habría distinciones. Tema para 2020.

La Corte Suprema de Justicia comenzó a visualizar en su radar la posibilidad de que deba expedirse, a mediano plazo, en torno a una cuestión espinosa: los criterios para establecer prisiones preventivas. Pero el problema principal que detectaron en el cuarto piso del Palacio de Tribunales es que los planteos para que el máximo Tribunal fije una posición llegan atados a la misma pretensión argumental y doctrinaria que han venido planteado las defensas de los detenidos por delitos de lesa humanidad. La cuestión de la detención anticipada se conjuga con la de la edad, en un combo que hoy no cuenta con una excepción jurídica que permita discernir entre exfuncionarios presos por causas de corrupción y militares por violaciones a los derechos humanos sin condena firme. Con este panorama, ya sea en el último tramo del año o en el primer semestre del próximo, podría emularse una secuencia como la que generó el fallo denominado “2x1” y que pese a que puso a prueba a la Corte con muestras masivas de rechazo, podría repetirse. La política ya fue advertida de que sólo una modificación legislativa, constitucionalmente aceptable, podría evitar que arrecie un nuevo escándalo.

Hoy, ninguno de los expedientes por la controvertida “doctrina Irurzun” está en circulación por las vocalías. Sin embargo, transitan la escalera que los llevará a la Corte. Por eso, los ministros iniciaron discusiones informales respecto a lo que vislumbran como un tema que empieza a tensionar a la política en plena etapa de transición electoral y también al mundo judicial, que ensaya un repliegue con perfume a epílogo de la “doctrina Irurzun”. Sin embargo, dejar de aplicar los criterios que emanaron de esa definición no retrotrae sus efectos.

“Si esperan una definición política de la Corte se van a encontrar con la letra del Código Procesal Penal”, señalaron desde el cuarto piso. Eso significa que tal como sería aplicable, cualquier excepción que atendiera los argumentos de las defensas de exfuncionarios respecto a detenciones anticipadas (tales como límite de edad a los 70, enfermedad o atenuantes) alcanzaría por la similitud de los planteos a los acusados por delitos de lesa humanidad. “Así como están las cosas, podrían salir de la mano tanto un funcionario ´Irurziano´ como el ´Coronel Picana´”, graficaron con humor negro desde una vocalía. Es la crónica de un escándalo anunciado, sobre todo para los organismos de derechos humanos que considerarían inadmisible la equiparación de situaciones y hasta en algunos casos sostienen que los exfuncionarios pueden ser considerados “presos políticos”.

No fue casual la irrupción de ciertos mensajes desde el Gobierno y aledaños. Elisa Carrió, durante su paso por Misiones sorprendió afirmando: “Quiero la libertad para (Julio) De Vido, si es que está enfermo y porque tiene 70 años aunque sea el mayor ladrón de la Argentina y pese a que yo lo he perseguido”. Nadie reparó que instantes antes había arengado: “Pelean por los derechos, pero los derechos humanos están para que las personas ancianas no mueran en las cárceles. Y también los derechos humanos tienen que estar para los militares de 80 años que se están muriendo en las cárceles”. La solución de mínima que siempre propugnó Carrió fue la prisión domiciliaria para militares. Ahora avanzó un paso más con la brújula bien imantada respecto de lo que tiene entre manos la Corte. El ministro de Justicia Germán Garavano también está al tanto de la controversia: la semana pasada pidió -en sintonía, dijo con la opinión de Alberto Fernández- terminar con la generalización de las preventivas y “analizar caso por caso”. Lamentó que exista resistencia de jueces a otorgar “domiciliaria” a personas de más de 70 o embarazadas. Lo argumentó desde el punto de vista de la reinserción, pero la variable de la edad es una cuestión que la Corte percibe como una reedición de la discusión subterránea que los obligará a tomar una decisión política.

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