En medio de las protestas por la reforma constitucional planteada por el gobernador jujeño Gerardo Morales, la polícia protagonizó jornadas de represión que fueron repudiadas por distintos sectores. Uno de ellos fue el de los gobernadores del Partido Justicialista (PJ), entre los que se encuentra Axel Kicillof, que se manifestaron en contra de lo sucedido.
Kicillof y los gobernadores del PJ repudiaron "la represión desatada" en Jujuy
Los dirigentes políticos salieron a manifestarse en contra del accionar policial en Jujuy, en el marco de las protestas contra la reforma constitucional.
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Axel Kicillof.
En el comunicado, notificado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires en sus redes, le reclaman a Morales "una salida pacífica que preserve la democracia". "Los y las gobernadoras de la Liga expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión desatada que está sufriendo el pueblo jujeño", remarcaron.
Además, destacaron los 40 años de democracia ininterrumpida en el país y acusaron al Gobierno provincial de ajustar e imponer medidas regresivas vía represión. "Es muy doloroso observar cómo nuevamente se presentan al ajuste salvaje y a las medidas regresivas como las únicas alternativas y a la represión como la contrapartida para garantizarlas", agregaron.
Este comunicado se da en el contexto de un ida y vuelta en Twitter del gobernador jujeño con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy", expresó luego de la jornada de enfrentamientos.
En medio de las denuncias por abuso y violencia policial, Morales catalogó a los docentes y al resto de las personas que se movilizaron como "gente pagada por Milagro Sala" y "turistas piqueteros de Buenos Aires".
En qué consisten las reformas de Morales
Morales ratificó el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- "prohíbe los cortes de rutas y calles" y la "ocupación de edificios públicos". "No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas", dijo, ya que "constituyen un delito".
Además, suspendió dos artículos de la Constitución reformada porque generan “dudas” en las comunidades indígenas. Son el 36, que refiere al "Derecho a la propiedad privada”, y el 50, que se enfoca en los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”. Momentáneamente, ambos volvieron a la redacción original de la Constitución del año 1986.
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