Kirchnerismo al borde de la ley en otra reforma judicial

Política

El Congreso sesionará hoy para debatir, casi con exclusividad, los proyectos que el gobierno pidió para acelerar las causas por violación de derechos humanos y el sistema de nombramiento de jueces que cubren temporariamente juzgados vacantes. En los dos casos, la oposición no está de acuerdo con el apuro del kirchnerismo. En el Senado, el oficialismo deberá imponer una mayoría de dos tercios para aprobar una reforma al Procedimiento Penal y la creación de un fondo de recompensas para testigos de delitos de lesa humanidad. Ni la UCR, ni la Coalición Cívica ayudarán para juntar el número para habilitarlos ya que recién anoche el kirchnerismo emitió los dictámenes en comisión, por lo que no transcurrió el tiempo reglamentario para votarlos. La cuestión no es menor ya que hasta dentro del oficialismo hay rechazo al apuro de la Casa Rosada en esos temas. En Diputados sucederá algo parecido con el nuevo régimen de jueces subrogantes. Cristina de Kirchner está presionada en esto por la Corte Suprema que le dio un año de plazo al gobierno para regularizarla situación de los juzgados sin titular. Ayer el kirchnerismo emitió el dictamen de ese proyecto, por lo que también necesitará reunir la mayoría especial para aprobarlo y evitar que más de 70 juzgados se queden sin magistrado a cargo. La oposición alega en este caso que el control sobre los suplentes seguirá estando en el Poder Ejecutivo.

El Senado convertirá hoy en ley el paquete de reformasal Código Penal que el gobierno envió al Congreso para, entre otros puntos, acelerar el juzgamiento de militares acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. A pesar de la crisis con el campo, ése será el único tema que debatirán hoy los senadores. Anoche el kirchnerismo todavía seguía juntando firmas para emitir los dictámenes de las cinco leyes después de un plenario de comisiones para que hoy pasaran por el recinto sin demasiados problemas.

De todas formas, el oficialismo necesitará ayuda para habilitar esos temas. La discusión no resultó fácil para el oficialismo: la oposición no quiere debatir reformas penales que no hayan pasado por comisión o que no cumplan con el término que establece el reglamento.

Menos cuando las ven como una imposición del gobierno que el bloque kirchnerista cumple sin cuestionar.

El paquete de reformas al Código Penal que envió el gobierno al Congreso está compuesto por cinco proyectos que responden al apuro de Cristina de Kirchner por acelerar las causas contra militares. Para eso se intentará que las causas se prolonguen innecesariamente en la etapa de instrucción.

  • Agilidad

    Así, agiliza la elevación a la etapa oral de los juicios estableciendo que los recursos de apelación se sigan interponiendo en forma escrita ante el juez que dictó la resolución, mientras que la audiencia no podrá llevarse a cabo sin la presencia del acusado.

    No es ése el proyecto estrella del paquete pero sí el más discutido. Ayer la Comisión de Justicia y Asuntos Penales lo despachó junto con el que establece un fondo de recompensaspara quienes aporten datos sobre personas acusadas de haber violado derechos humanos durante la dictadura.

    Otro de los proyectos establece la creación de una nueva cámara de casación nacional en materia penal, que tendrá actuación sobre los juzgados de la Capital Federal, una medida que también opera a favor de las pretensiones de autonomía de Mauricio Macri, ya que en el futuro facilitará la transferencia de la competencia de los tribunales.

  • Dilaciones

    Otro de los proyectos que hoy se convertirá en ley modifica los recursos dilatorios que pueden presentarse, como los que apuntan a asegurar al acusado una sentencia definitiva en un plazo razonable.

    También se aprobará el proyecto que fija un nuevo mecanismo para la designación de los integrantes de los tribunales orales en lo Criminal Federal de todo el país, para los casos de licencia, suspensión, recusación o vacancia de sus miembros y establece un orden para su nombramiento.

    Así hoy las dos cámaras del Congreso terminarán de sancionar las reformas que el gobierno exige para el Poder Judicial. Mientras Miguel Pichetto, ya repuesto de un cólico renal por el que estuvo internado, discute con el radicalismo y la Coalición Cívica el paquete penal, en Diputados aprobarán el nuevo régimen se subrogancias para cubrir juzgados vacantes.

    Allí el debate tampoco será pacífico. El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado, tuvo dictamen recién ayer en la Comisión de Justicia que preside el kirchnerista bonaerense Luis Cigogna. Por eso hoy el oficialismo también deberá apelar a aliados para reunir los dos tercios de los presentes que permitan habilitar la votación.

    Ayer en la reunión de comisión ya hubo adelantos de lo que será el debate en el recinto. La oposición no sólo critica que la lista de conjueces para cubrir algunos cargos vacantes en juzgados sea elaborada por el Poder Ejecutivo.

    Por ejemplo, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez cuestionó también que el proyecto no incluya al Consejo de la Magistratura en ningún paso, por ejemplo la nominación de los conjueces, y adelantó que su bloque irá al recinto con dictamen propio.

    Paula Bertol, del PRO, también anunció que presentará una disidencia parcial donde se exigirá que el proyecto incluya un artículo sobre los jueces ternados entre los subrogantes.

    El problema con los jueces que se encuentran subrogando juzgados vacantes comenzó como una crítica de la oposición, que considera que el gobierno utiliza el sistema para controlar a jueces en las causas de escándalos mas resonantes que involucran al kirchnerismo. Como todo juez o secretario de Cámara que reemplaza temporariamente a otro es un potencial magistrado en ascenso, la relación con el Poder Ejecutivo sigue siendo directa, ya que es el Presidente quien debe enviar el pliego al Senado para el acuerdo.

    Hace un año la Corte Suprema se sumó a los cuestionamientos sobre el sistema de designación de jueces subrogantes y le dio al gobierno 365 días de plazo para solucionar la crisis que se generó por la demora del gobierno en nombrar jueces definitivos en los estrados que están vacantes. Por eso, si Diputados no aprueba hoy el nuevo sistema para cubrir vacancias de jueces caerían los mandatos de subrogantes de unos 70 juzgados.
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