Kirchnerismo inició ya una suerte de "control de daños"

Los veinte días del paro del campo dejaron como saldo mucho más que una puja entre el gobierno y ese sector o la revelación de que el universo kirchnerista no puede controlar con sus excesos a todos los sectores del país. El propio kirchnerismo y más aún el peronismo sufrieron en carne propia traiciones y lealtades -como se entiende la toma de posiciones políticas en el oficialismo- que se agotarán con el levantamiento del paro.

Por eso comenzó ayer en el kirchnerismo una suerte de «control de daños» -como después de cualquier evento trágico- para saber hasta dónde quedó complicada la línea de mandos, sobre todo en el gobierno y entre los gobernadores.

Las alarmas en la Casa Rosada ya se habían prendido la semana pasada. La presión de los productores fue demasiada en algunas provincias y ningún senador y diputado acepta suicidarse alegremente. Primer dato, entonces: en muchos casos primó el electorado frente al miedo a las sanciones por traición.

Por eso se detectaron los abandonos ya conocidos de Carlos Reutemann en el Senado, la abstención de su comprovinciana Roxana Latorre frente al proyecto en apoyo al gobierno.

No fueron los únicos. Un amigo de la Rosada, el cordobés Roberto Urquía directamente ni apareció por el recinto, su lealtad a la soja, como dueño de una de las mayores aceiteras del país, pudo más.

Acusaciones

La historia, ya conocida, terminaría allí si no fuera que en los discursos de ayer en Gualeguaychú tanto Eduardo Buzzi, como Mario Llambías y Alfredo de Angelis, le marcaron al gobierno lo que, al parecer la oposición, no ha logrado aún transmitir.

Dos aliados, hasta ahora, del gobierno fueron centro allí de acusaciones. Urquía, cuya empresa Aceitera General Deheza recibe compensaciones por parte del Estado y hasta le abrieron cerca de la planta de producción una sede de la Aduana para facilitarle exportaciones, fue blanco de acusaciones. Lo mismo que Gustavo Grobocopatel, líder del mayor pool sojero del país, que el gobierno subió al Tango 01 para que le enseñara a Hugo Chávez a cultivar soja. Los productores mandaron al gobierno a cobrarles a ellos «más impuestos» y a no molestar a los pequeños productores. Aunque en silencio, ni Luciano Miguens de la Sociedad Rural se animó a desmentirlos.

Todos tocaron algún hilo incómodo para el gobierno. Buzzi reivindicó también para su sector el haber sido perseguidos durante la última dictadura. El dirigente es un problema hoy para muchos kirchneristasque hasta hace poco lo tenían como amigo y ahora no saben cómo manejar, sobre todo los santafesinos y cordobeses, esa relación. Para más, la crisis con el campo terminó desnudando en Córdoba, cómo funcionan los acuerdos entre el delasotismo, la UCR y el juezismo, siempre en contra del gobierno. También eso se vio en los recintos del Congreso por estos días y en las ausencias en la Plaza.

Pero fue De Angelis quién marcó la realidad sobre lo que hoy es la vida en el mundo kirchnerista: «A los gobernadores K les pido por favor. Les están saqueando las provincias. Paremos con el centralismo, que lo único que trae es pobreza», les dijo. Esa sensación se había vivido en las últimas semanas en el Congreso, frente a las evasivas de algunos diputados y senadores a poner la cara por el gobierno frente a la crisis.

De hecho, el martes pasado no se vi a algunos referentes santafesinos en el palco, como Jorge Obeid, aunque su lugar fue cubierto por Ana Berraute, la kirchnerista que el gobierno eligió para reemplazar a María del Carmen Alarcón en la presidencia de la Comisión de Agricultura de Diputados, cuando esta última se sublevó ante la política ganadera de Néstor Kirchner.

Quedó claro también que los productores agropecuarios saben cómo se maneja el universo de relaciones entre la Casa de Gobierno y las provincias: «No apriete más a los gobernadores, y en poco tiempo esto se resuelve», le dijo De Angelis a Cristina de Kirchner. Un concepto similar se repitió desde ese palco con los diputados y senadores, «Déjenlos actuar en libertad». Un imposible para el sistema actual de obediencia debida que reina en el Congreso.