El kirchnerismo porteño se zambulló en los prontuarios para descubrir que el gabinete de Mauricio Macri está conformado, en buena parte, por ex gerentes o accionistas de empresas, muchas del grupo Macri, a pesar de que el propio jefe de Gobierno ya había anunciado en campaña los nombres de sus colaboradores. Un gesto de protección de la dirigencia política que busca que los cargos públicos sean cubiertos sólo por profesionales de oficio.
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Pero es ahora, con Macri gobernando, que se inquietan algunos legisladores de la oposición, que en la Ciudad fundamentalmente es el kirchnerismo.
Para frenarlos, ayer presentó un proyecto de ley de ética pública la legisladora Gabriela Cerruti, integrante del bloque Frente para la Victoria. Lo redactó con su par de bancada, Pablo Failde (ex ARI), pero lo más sorprendente es el minucioso trabajo de investigación que la ex ministra de Jorge Telerman realizó para fundamentar sus quejas. Casi un trabajo de inteligencia, del equipo que, curiosamente, dirige el ex Frepaso Alejandro Mosquera, quien es investigado, hace ya siete años, cuando comandaba la Cámara bonaerense. En la provincia la propia Cerruti debió responder por el uso de los fondos de la llamada Comisión de la Memoria. La denunció la «abuela» Estela de Carlotto.
Aclaraciones
No es raro que apunte a Macri, quien fue rival de su candidato, Telerman, sobre quien aclaró, como prólogo de la presentación, que cuando asumió (en tiempos de Aníbal Ibarra) como secretario de Cultura debió vender su parte de La Trastienda, el dancing que regentea en San Telmo. También explicó que el ex procurador de Telerman, Agustín Zbar, debió excusarse para dictaminar en temas que le competían a su suegro, también un empresario de grandes negocios, como el padre de Macri.
Con todas esas aclaraciones, pero sin poder explicar ciertas relaciones entre amigos y funcionarios del más alto rango en el gobierno nacional, Cerruti hizo otra más: dijo que por ejemplo en otros países del mundo, cuando se da un caso como el de Macri (de empresario a gobernante) «es uno solo», pero que « realmente casi todo el gabinete porteño esté relacionado con empresas que son contratistas del Estado en la Capital Federal ya es grave, porque además son todas empresas del grupo Macri y su familia».
Aseguró que el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, «en el último año creó 7 empresas y todas las integra».
Según la pesquisa, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, fue gerente de Sideco y de Socma -grupo Macri- y pertenecería a otras firmas. Resaltó el caso de Néstor Grindetti, ministro de Hacienda, de quien supone que como se ha desempeñado como director de Iecsa ( adjudicataria en sociedad de grandes obras en la Ciudad de Buenos Aires) debería excusarse al momento de tener que firmar adicionales u otros beneficios que se pudieran certificar. Al menos eso es lo que plantean los kirchneristas como medicina para casos como los del gabinete porteño, es decir, que los funcionarios que han formado parte de las empresas sobre las que tienen que determinar cuestiones se excusen de hacerlo. No parecía tan grave, pero no podría hacerlo Macri, contra quien pretenden ir más lejos e indagar en los contratos que tiene la Ciudad con empresas como Pago Fácil.
Como ejemplo, Cerruti y Failde entregaron una carpeta donde se desarrolla la adjudicación de la mayor obra que se realizará para paliar inundaciones, como es un entubamiento adicional del arroyo Maldonado. La anunció Macri cuando semanas atrás el agua superó el metro en el distrito, y fue adjudicada a Ghella, asociada con Iecsa, relacionada con los primos hermanos de Macri, los Calcaterra, según detalla el informe de Cerruti. Especifica allí que «Franco Macri vende Iecsa a sus sobrinos Fabio y Angelo Calcaterra el mismo día que Mauricio Macri anuncia su candidatura».
Además se ha extendido -en varias páginas- para explicar funciones y pasado de varios funcionarios del Gobierno porteño.
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