El ministro de la Corte Augusto Belluscio recibirá a Juan Carlos Blumberg. Le dirá que acuerda con todos los puntos que figuran en su petitorio. Pero le repetirá, casi como un monólogo, que todos los cambios que se pretendan para acelerar los tiempos de la Justicia dependen de las decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso.
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Y es que la Corte Suprema no tiene facultades para, por caso, disponer una medida de unificación de los códigos procesales de todo el país. Una cuestión federal y de potestad de los gobiernos provinciales, difícil de llevar a la práctica hasta por cuestiones geográficas.
Además, abundará en que la lentificación de la Justicia es una consecuencia directa de leyes sancionadas por los mismos legisladores. Si se hace la comparación con otros tribunales, como el de Estados Unidos, a la Corte deberían llegar unas 200 causas anuales relacionadas con el control de constitucionalidad. Sin embargo, ese tribunal tiene un ingreso que supera los 5.000 expedientes anuales.
• Sin presupuesto
Toda la Justicia tiene graves deficiencias: edificios vetustos y casi a punto de derrumbarse por el peso de los expedientes que se acumulan: faltan jueces y empleados. Pero no hay partida presupuestaria. Desde hace varios meses en un escritorio de la Casa de Gobierno duerme la designación de 60 ternas de jueces. Su selección llevó más de un año desde el momento en que se produjo la vacante en el juzgado hasta que se realizaron los concursos por oposición y antecedentes y las audiencias públicas. Néstor Kirchner siquiera ha enviado una sola de ellas al Congreso. Fiel a su estilo personal, quiere controlar uno por uno quiénes son los seleccionados. Es decir, hasta que no cumpla su cometido, habrá 60 juzgados sin jueces. Y no es un detalle menor. El Poder Judicial es el único poder de la Nación donde trabajan gratis 1.400 meritorios. Son abogados y estudiantes de Derecho. Se ve hasta como imposible aumentar la carga horaria de los empleados por influencia del gremio de Julio Piumato.
Durante su presidencia en la Corte, el veterano juez Carlos Fayt hizo la propuesta de que los juicios pequeños se solucionen utilizando el mecanismo de mediación por fuera de la Justicia. Y que sólo se acuda a los tribunales para homologar el acuerdo. Asegura que esta medida acelera todos los tiempos y permite que los jueces se ocupen de cuestiones de mayor gravedad. Nunca recibió una respuesta de los legisladores o de los funcionarios del Ejecutivo.
Pero hay algo más: las últimas medidas que dio a conocer Gustavo Béliz son vistas como una licuación del fuero federal (una especie de revancha de la viejas disputas políticas) y una complicación para la Justicia Correccional y Criminal. Además de crearse un «cuello de botella» en la resolución de casos, los jueces deberán entrenarse en cómo combatir un secuestro extorsivo o investigar un contrabando. Un verdadero despropósito de la especialización.
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