La Corte traspasó las escuchas judiciales a la justicia federal

El titular de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, será el primer director del nuevo organismo judicial encargado de las escuchas judiciales que antes realizaba una oficina dependiente de la Procuración General de la Nación (PGN).

Así lo informó la agencia de prensa del máximo tribunal al difundir este lunes una acordada por la que se crea la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación como "único órgano del Estado" encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por jueces.

El órgano tendrá "autonomía funcional" de la Corte y su titular será un camarista federal elegido por sorteo, con mandato no renovable por un año.

Irurzun será secundado en esa tarea por el titular de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, quien lo reemplazará en caso de licencia, vacancia o cualquier tipo de impedimento.

La acordada de la Corte cumple con el decreto de necesidad y urgencia 256/15 del presidente Mauricio Macri, quien quitó la responsabilidad de las escuchas judiciales a la PGN dependiente de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

La procuradora había creado en junio del año pasado el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) luego de que la ley de inteligencia 25.520 sancionada en marzo disolviera la antigua Secretaría de Informaciones (ex SIDE), creara la Agencia Federal de Investigaciones y le quitara las escuchas.

A cargo de esa oficina quedó la fiscal general Cristina Camaño, quien traspasó por primera vez al ámbito judicial tareas que hasta entonces realizaban agentes de inteligencia en una dependencia conocida como "Ojota".

Los equipos de intercepción funcionan en una casona ubicada en Avenida de los Incas al 3800, en el barrio metropolitano de Belgrano, desde donde especialistas civiles monitorean los pedidos de interceptación de comunicaciones.

Se trata de pedido que realizan jueces en casos investigaciones judiciales, algunas urgentes como las pesquisas de secuestros extorsivos, y que en todo los casos necesitaban de la autorización de la fiscal a cargo y ahora, seguramente, del camarista que esté al frente del organismo.

Para ello, resulta central la cooperación de las empresas prestadoras de servicios de telefonía de diferente tipo que son las que concretamente habilitan la intercepción.

Según la acordada, la nueva Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación será el "único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente".

Además del director, que será un juez de cámara, tendrá cuatro subdirectores, dos de ellos con capacitación y experiencia en cuestiones de investigación criminal judicial; uno en el área informática y otro en administración.

La auditoría del nuevo organismo estará cargo de la Corte Suprema de Justicia sin perjuicio de las disposiciones de control sorpresivas transitorias que se dispongan.

La acordada dispone que el nuevo organismo autónomo deberá "promover la transparencia de los actos de su incumbencia para fijar un sistema eficiente de control", ajustándose "estrictamente las normas legales vigentes y a las órdenes judiciales".

"Seguirá el principio de respeto de la libertad y privacidad de las personas" y establecerá una "reserva absoluta de la información", añade.

Respecto del personal, el nuevo órgano deberá "evaluar la realización de contratos de confidencialidad respecto de la información de los métodos de trabajo de colaboración con los operadores jurídicos".

También deberá establecer una "cadena de custodia" de las escuchas según estándares del Código Procesal Penal de la Nación y promoverá la "capacitación de operadores jurídicos".