La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) aceptará negociar con el gobierno la «salida política» propuesta por la Confederación General de Trabajadores (CGT): esto es, un proyecto de ley que demandará varios meses de discusión antes de ser enviado al Congreso. Pero antes, la central que dirige Hugo Yasky, pretende que Cristina de Kirchner firme uno o varios decretos que le permita actuar con total legalidad dentro del sector privado. La idea, es tener una estructura institucional, anterior a la legalización de la central, con la que puedan avanzar en empresas concretas, especialmente dedicadas a la industria automotriz y a los alimentos. Sólo así, Yasky y el resto de la dirección de la CTA (Pablo Micheli y Pedro Wasiejko), aceptarán discutir con Moyano y el resto de la CGT con cierta tranquilidad y sin llevar la disputa de la legalización a los dos terrenos donde menos quiere el gobierno que se dirima la cuestión: la Justicia y la calle.
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Concretamente, Yasky-Micheli-Wasiejko quieren que la Presidente firme el o los decretos que le otorguen a la CTA los siguientes derechos: la libertad para que los trabajadores elijan delegados con fueros (de la central obviamente), que éstos puedan participar sin problemas de los conflictos sectoriales y que los trabajadores que optan por esta representación gremial tengan un descuento del salario de plantilla y que este dinero vaya a la administración de la agrupación gremial.
Estas tres medidas deberían ser reglamentadas, según la CTA, a través de uno o varios decretos, pero todos tendrían que ponerse en funcionamiento a la vez; ya que juntos les permitirían actuar a los delegados de la central que ya están operando en empresas privadas sin su institucionalización. Estos necesitarían, primero, la posibilidad de ser votados en un marco de legalidad por parte de los trabajadores de una compañía y que oficialmente esta elección cuente con los fueros necesarios para que la representación sea jurídicamente válida. Hoy esto no ocurriría, y como pasó en la empresa Ford, si los empleados eligieran a un delegado de la CTA (o independiente) éste no tendría fueros y podría ser despedido sin que la empresa esté obligada a liquidar indemnización correspondiente a un representante gremial.
La segunda medida que reclama la CTA, es la autorización para que estos delegados electos en asambleas internas en las empresas, puedan participar en los conflictos laborales. El punto es clave. Con este derecho, y mientras se demore la discusión de una próxima ley, los representantes de la CTA podrán negociar de igual a igual con la dirección de las compañías, y en el marco del Ministerio de Trabajo. Si la ley se demora más allá de marzo, incluso la CTA (o los gremios que la integran) podrá sentarse a la mesa de negociación de las próximas paritarias salariales correspondientes al ejercicio 2009, algo que para la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) suena a bomba de tiempo, a la espera de las consecuencias de la recesión en la facturación del próximo año.
El tercer pedido a reglamentar, es el más importante. La CTA quiere que el gobierno autorice el descuento de la cuota gremial por planilla, esto es que la empresa liquide en el momento de pagar los sueldos la cuota correspondiente al sindicato. Esto hoy no está autorizado, y la CTA se mantiene en las empresas privadas con el aporte voluntario que sus simpatizantes efectúan por fuera de la liquidación salarial. Este aval además, está estrechamente ligado con el otorgamiento de la personería gremial a una agrupación enrolada en la CTA dentro de las empresas y al crecimiento futuro de la central obrera competidora de la CGT. Es, además, el principal temor de la central que maneja Hugo Moyano: que la CTA empiece a tener lentamente poder económico y, como consecuencia, mayor posibilidad de fuego sobre los conflictos laborales en los que intervenga. Así, de las tres medidas que reclama la CTA para que se reglamenten por decreto, ésta sería la más combatida puertas adentro del gobierno, por Moyano y sus seguidores cegetistas.
En la mira, la CTA tiene varias empresas para comenzar a operar con los decretos en la mano. Las principales son tres automotrices, Ford, Volkswagen y General Motors.
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