«El objetivo central es llevar a la Justicia a quienes pusieron la bomba en la AMIA, los organismos de justicia deben resolver el resto. Todas las acciones colaterales que tienen que ver con los funcionarios, dejamos que la Justicia resuelva y se ocupe». Así se refirió el presidente de la DAIA, Jorge Kirszenbaum, a la decisión del juez Ariel Lijo de citar a declaración indagatoria al ex juez federal Juan José Galeano; al ex titular de la SIDE Hugo Anzorregui, y al ex titular de la DAIA Rubén Beraja.
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La decisión de movilizar la causa sobre las presuntas irregularidades cometidas en la investigación del atentado terrorista también fue motivo de comentario por parte del vicepresidente de la AMIA, José Adazko.
El dirigente interpretó que las medidas son «coherentes con lo que dictaminaron el Tribunal Oral y la Cámara de Casación» y consideró que «el próximo paso sería que comparezcan ante la Justicia Menem y Corach».
Mientras retumbaban los ecos de la decisión del juez Lijo, en la sede la Cancillería el gobierno representado por Alberto Iribarne se reunió con Memoria Activa y el CELS en el contexto del «proceso amistoso» que ambas partes acordaron mantener ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. Estuvieron además el secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carrera, y el secretario de Política Criminal a cargo de la Unidad AMIA, Alejandro Slokar.
Obviamente, la citación del juez Galeano y Beraja fue comentario obligado. Pero donde el clima resultó tenso fue cuando se abordó la salida de Alejandro Rúa -un protegido de Memoria Activa- de la unidad de investigación del atentado. Como hubo insinuaciones de cierto capricho de Iribarne en la decisión, pero el ministro de Justicia se encargó de aclarar que su honor se vio afectado cuando el desplazado Rúa declaró que la investigación del caso AMIA estaba frenada.
«En esos dichos se me implicaba en supuesto encubrimiento», sostuvo Iribarne. Así explicó que en lo personal le inició una querella y en lo político resolvió cesar el contrato que el ex funcionario tenía con la cartera de Justicia.
El ministro habló de lealtades e interpretó que si Rúa considerabaque existía una supuesta irregularidad, «como funcionario tendría que haberla informado a sus superiores hasta llegar al ministro».
La explicación conformó a medias a Memoria Activa, pero de igual modo destacó los avances y el compromiso del gobierno para el esclarecimiento del atentado. Además, se ponderó el progreso en el armado de la ley de reparación a las víctimas que ya está en etapa de consulta.
Infaltable el CELS insistió en la reforma de la ley de inteligencia y el proyecto de ley de auditoría sobre gastos reservados de la SIDE.
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