La fiscalía elevó pedidos de investigación contra los Moyano

Pablo y Hugo Moyano.

El fiscal federal Gerardo Di Masi pidió que se investigue si el secretario general de la CGT, Hugo Moyano y su hijo Pablo, adjunto del gremio de Camioneros, cometieron los presuntos delitos de amenazas coactivas y entorpecimiento de servicios públicos, al impedir la distribución de combustibles.

El fiscal, en el marco del impulso de la medida, solicitó la producción de medidas de prueba en la denuncia penal promovida por el Ministro de Interior y Tranporte, Florencio Randazzo, aunque aconsejó al juez federal Sergio Torres que, antes que
cualquier otra medida, resuelva sobre su competencia en la causa.

"Primero habrá que determinar dónde se habría cometido el ilícito denunciado, porque ello marcará la competencia territorial y el magistrado que debe intervenir", indicaron fuentes cercanas a la fiscalía.

Di Masi respondió de esa manera a la "vista" que le confirió Torres para que formulara el requerimiento de instrucción en la causa promovida ayer por Randazzo.

Randazzo denunció al titular de la CGT y a su hijo en orden a los artículos 149 bis y 149 Ter del Código Penal, que establecen penas de hasta 10 años de prisión para quien se vale de amenazas para obtener medidas o concesiones.

La conducta de los denunciados también encuadrada en el artículo 194 de Código Penal, que reprime a quienes obstruyeren u obstaculizaren el funcionamiento de transportes o servicios públicos.

La denuncia consignó que los reclamos realizados por el gremio de los camioneros "hasta el extremo de causar el desabastecimiento de los combustibles" dejaron en evidencia que se trató de "un ejercicio abusivo del derecho de huelga, no tutelado por el ordenamiento jurídico".

Agregó que "estas medidas son empleadas con el claro propósito de ejercer compulsión en miras a obtener concesiones de la contraparte empresaria y de los poderes públicos".

Otra denuncia vinculada con la medida de fuerza del gremio que durante horas obstruyó el transporte de combustibles fue promovida por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido contra el titular de FADEEAC, Luis Morales y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.

De Vido, quien fue citado para el próximo martes para que ratifique su denuncia, sostuvo que Morales, mediante un lock out patronal, violó la denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera.

El funcionario se refirió a la "desaparición" de los dirigentes de la FADEEAC, que resultó "funcional" a la medida de fuerza de los camioneros.