La Haya: Uruguay volvió a demandar medidas contra cortes de ruta

Uruguay reafirmó el martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su demanda de medidas provisorias contra los cortes de ruta argentinos por la construcción de una planta de celulosa en territorio uruguayo, desestimando en forma completa el descargo esgrimido por su vecino la víspera.

"Si Uruguay debe poner fin al proyecto de (la empresa finlandesa) Botnia para proteger su turismo y economía, será un daño irreparable. Si Botnia parte, la Corte no tiene poder de hacerla volver", dijo el jurista escocés Alan Boyle al justificar el carácter "urgente" de las medidas solicitadas el pasado 29 de noviembre.

"Uruguay no viene a la Corte para protegerse de un daño económico; Uruguay viene a la Corte para proteger su derecho de construir la usina", continuó Boyle, desestimando el argumento argentino según el cual los cortes de rutas no están vinculados con la cuestión de fondo que trata la CIJ: la violación de un tratado bilateral por la instalación de una papelera de Botnia en Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo), en un río fronterizo.

Por esa cuestión de fondo, introducida en mayo pasado por Argentina, la CIJ desestimó el pasado 13 de julio un pedido argentino de medidas provisorias para frenar el proyecto uruguayo.

Este martes Uruguay reafirmó las razones de su demanda para que la CIJ ordene a Argentina tomar medidas que garanticen la libre circulación entre ambos países en los puentes que unen Gualeguaychú y Fray Bentos, Colón y Paysandú (400 km al noroeste de Montevideo) y Concordia y Salto (500 km al noroeste de la capital uruguaya).

El lunes, en las audiencias de apertura, Uruguay acusó a Argentina de imponerle un "bloqueo casi total" con esos cortes de rutas alentados por el gobierno y cuyo objetivo es detener la construcción de la planta de Botnia, una denuncia duramente rebatida por su vecino, que ha desestimado la competencia del tribunal en la materia.

"La Corte es competente porque los bloqueos efectuados por un grupo de personas ante la omisión y permisividad del gobierno argentino tienen como objetivo detener la construcción de la usina", insistió el martes el jefe del equipo legal uruguayo, el embajador en Francia, Héctor Gros Espiell.

Si Gros Espiell tendió la mano para negociar "un acuerdo amistoso sin presión ni coerción", Boyle reiteró que "no hay duda de que el gobierno argentino aprueba este modo de extorsión económica", volviendo a la carga contra el
presidente Néstor Kirchner.

Uruguay dejó en claro además que su demanda ante la CIJ no tiene nada que ver con la que presentó ante el Mercosur (que integran ambos países junto con Brasil, Paraguay y Venezuela) por el mismo tema en septiembre pasado, vinculada con el comercio y la libre circulación.

"La cuestión importante es saber si los derechos que Uruguay intenta proteger son derechos comerciales que competen al Mercosur o derechos soberanos de desarrollo durable. En ningún lugar Uruguay le pidió a la Corte aplicar o interpretar acuerdos del Mercosur", dijo Boyle.

Argentina reiteró hoy con firmeza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que la demanda uruguaya contra los cortes de ruta de ciudadanos argentinos por la construcción de una papelera en Uruguay no cumple ninguno de los requisitos de ese tribunal para tomar medidas cautelares en el tema.

Al cerrar los alegatos la jefa del equipo legal argentino, la consejera jurídica de la cancillería Susana Ruiz Cerutti, pidió a la Corte "declararse incompetente o declarar no admisible la demanda uruguaya" del pasado 29 de noviembre para que la CIJ ordene a Argentina actuar contra los bloqueos.

Ruiz Cerutti reiteró que los cortes de ruta no afectan en forma directa la instalación de las papeleras de las empresas finlandesa Botnia y española Ence en Uruguay y desmintió con cifras en la mano el "pretendido estrangulamiento de la economía uruguaya".

Además, rechazó las "acusaciones inadmisibles de chantaje" contra el presidente argentino Néstor Kirchner lanzadas por Uruguay durante los alegatos de lunes y martes en La Haya.

"Nuestro jefe de Estado desaprueba los cortes, pero se niega a reprimirlos", señaló, luego de que Uruguay asegurase que el gobierno argentino "aprueba" los bloqueos como una forma de "extorsión económica".

De su lado, el jurista argentino Marcelo Cohen volvió a argumentar que Uruguay no cumple con las tres condiciones necesarias para que se acuerden medidas provisorias: competencia del tribunal, riesgo de daño irreparable al derecho en litigio y urgencia.

"¿Dónde está el vínculo entre el hecho de que manifestantes protesten por la construcción de una usina gigante frente a la ribera donde viven y una amenaza de daño irreparable contra los derechos del otro país de construir esa usina? La Corte no juzga intenciones o móviles, la Corte juzga hechos", dijo.

En ese sentido, insistió en que "no existe ningún vínculo jurídico entre la demanda de Uruguay y el Tratado (del Río Uruguay) de 1975", invocado por Argentina en mayo pasado para pedir la intervención de la CIJ por la instalación de las papeleras en la localidad uruguaya de Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo), en una vía de navegación de soberanía compartida.

Por esa cuestión de fondo, la CIJ desestimó el pasado 13 de julio un pedido argentino de medidas provisorias para frenar el proyecto uruguayo.

Uruguay aseguró en La Haya que el gobierno argentino alienta los cortes de ruta como una parte de una "extorsión económica" para que Montevideo renuncie a su derecho de permitir que Botnia instale la planta de celulosa en Fray Bentos.

Otro proyecto previsto en principio en esa localidad, de la española Ence, será relocalizado en Punta Pereyra (220 km al oeste de Montevideo), sobre el Río de la Plata, también limítrofe con Argentina, según anunció el 12 de diciembre esa compañía.