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Para aproximar una respuesta a este interrogante hay que consignar algunos datos. La organización política, social, económica y religiosa de los «ayllus» constituye un entramado que excede el espacio boliviano y se extiende más allá de sus límites políticos. Una de las principales expansiones de esos «ayllus» está localizada en el conurbano bonaerense, donde los migrantes de Bolivia controlan 60% del mercado frutihortícola. No es una colonia cuyos integrantes extranjeros dejaron atrás sus pueblos originarios, sino que, a pesar de la brecha geográfica, estos bolivianos siguen participando de la vida social y política de sus ciudades de nacimiento.
Estas organizaciones sociales tienen un nivel de representación política tradicional, los «curacas», que son los jefes comunitarios. El radicalizado filotrotskysta Felipe Quispe, por ejemplo, es uno de ellos. Su red de «ayllus» es depositaria de millones de dólares de cooperación internacional, que le permiten criar vacas Holando Argentina y contar con una flota de tractores.
En 1994, acorralado por las organizaciones de indígenas, Gonzalo Sánchez de Lozada impulsó una Ley de Participación Política que, a pesar de su intención conservadora, desató el convulsivo proceso de democratización que se verifica hoy en Bolivia. Hasta ese momento, el MIR era el partido que representaba la clientela de los pueblos originarios. A partir de esa ley, los «curacas» se integraron sin intermediación al Parlamento del Estado.
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