La Justicia prorrogó la prisión preventiva de Rodolfo Almirón

Rodolfo Almirón.

La Cámara Federal porteña confirmó la prórroga de la prisión preventiva para el ex integrante de la organización de ultraderecha "Triple A" Rodolfo Almirón, acusado de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero rechazaron un recurso interpuesto por la defensa de Almirón, procesado por asociación ilícita, homicidio y privación ilegal de la libertad, quien había pedido el cese de la prisión preventiva. 

En su resolución, los jueces desestimaron el pedido en base a "riesgos procesales", la cantidad de delitos que se le endilgan a Almirón y la complejidad de la causa. 

La defensa de Almirón había sostenido que el represor está cumpliendo prisión preventiva en los últimos dos años -el plazo máximo establecido por ley- aunque la misma puede prorrogarse por un año más cuando existan elementos. 

En primera instancia, el juez federal Norberto Oyarbide había dictado la prórroga al tener en cuenta los delitos por los cuales está acusado Almirón. 

Almirón está acusado, entre otros hechos, de los asesinatos de Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet, Juliio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza, Mauricio Borghi Carlos Betemps, Daniel Banfi y Luis Latrónica. 

"No debe perderse de vista la categorización especial que revisten los hechos investigados (delitos de lesa humanidad) que viene de la mano de la obligación, por parte de la República Argentina de investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos y castigar a sus autores", señaló la resolución. 

Almirón fue detenido en España en diciembre de 2006, tras un pedido de arresto preventivo con fines de extradición solicitado por la Justicia argentina. 

En marzo de 2008 fue trasladado al país y desde la fecha quedó detenido, primero en prisión domiciliaria, y luego en el penal de Marcos Paz. 

Almirón fue uno de los colaboradores más cercanos y custodio personal de José López Rega, líder de la organización parapolicial que funcionó durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. 

Incluso, el juez federal Oyarbide, a cargo de la causa, ya había rechazado un pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del represor, quien había alegado cuestiones de salud.