La Legislatura comenzó a tratar en comisión el traspaso del subte

El titular de la empresa estatal porteña de subterráneos, Juan Pablo Piccardo, defendió la letra del proyecto de ley del PRO.

El proyecto de ley que prevé el traspaso de los subterráneos al ámbito de la Ciudad comenzó a ser tratado en la Legislatura porteña en medio de un fuerte debate, principalmente por el derecho a huelga.

La sesión se llevó a cabo con un grupo de "metrodelegados" presente mientras cumplían su segunda jornada de paros rotativos, que amenazaron con extender.

El Salón Montevideo fue el escenario que enmarcó la reunión conjunta de las comisiones de Obras y Servicios Públicos, y Presupuesto, adonde concurrió el titular de Subterráneos Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, quien según el proyecto debería ser la Autoridad de Aplicación durante la declaración de emergencia del servicio.

Luego de casi dos horas, el presidente de la Comisión de Obras Públicas Enzo Pagani levantó la sesión y anunció que volverán a encontrarse el próximo lunes a las 12:00, otra vez con la presencia de Piccardo, para intentar avanzar en un dictamen de mayoría que permita que el próximo jueves 13 sea tratado en el recinto.

Piccardo se cruzó con el líder de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, y dentro de la discusión en la que hablaron sobre una posible resolución del conflicto, el funcionario porteño afirmó que es "política de este Gobierno no pagar los días de huelga".

Justamente ese era uno de los puntos por los cuales los "metrodelegados" no arreglaron con la empresa Metrovías y luego quedaron excluidos del acuerdo paritario, lo que dio inicio a las medidas de fuerza.

Según explicó Pianelli, durante la última protesta que mantuvo paralizado el servicio diez días a principio de agosto, Metrovías dio un monto extra a los afiliados del otro gremio, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y no así a los "metrodelegados".

Piccardo se había comprometido unos momentos antes a interceder con la UTA, para tratar de eximir de la retención del 1 por ciento del sueldo de cada trabajador del subte, que también debían abonar los "metrodelegados", pese a estar enrolados en la AGTSyP, gremio en el que están afiliados la mayoría de los empleados.

En declaraciones a Noticias Argentinas al término del encuentro, Pianelli admitió que el cruce con el titular de Sbase fue "una pavada" y que no confía en que pueda encontrar una resolución al conflicto.

Por esa razón, anticipó que luego de haber cumplido dos jornadas de paros rotativos, los subtes funcionarán normalmente el fin de semana, pero el próximo lunes volverán las medidas de fuerza.

Este punto también fue tocado por los legisladores opositores que participaron del encuentro y uno de los más enfáticos fue Fabio Basteiro, de Proyecto Sur, que calificó de grave la declaración de Piccardo "tan suelto de cuerpo".

Uno de los artículos del proyecto pretende declarar al subte como "servicio público esencial", con el objetivo de que los trabajadores garanticen su funcionamiento aún cuando estén realizando medidas de fuerza.

Dominó tanto la escena esta cuestión que se hicieron muy pocas preguntas respecto a otro puntos conflictivos como la posibilidad de que, para financiar el subte, el Gobierno porteño aumente los peajes de la Ciudad y las patentes de los autos de alta gama, además del cobro de un monto extra por cargar combustible y GNC.

Por esa razón estuvo convocado también el el Director de la AGIP, Carlos Walter.

De lo poco que se pudo sacar en limpio de las respuestas escuetas de Piccardo sobresalió una estimación sobre el gasto total del subterráneo, antes de que se realice la auditoría de costos y se determine fehacientemente.

"Lo estimamos en 1.100 millones de pesos de gastos (entre salarios de 4230 empleados en lista y gastos operativos) y prevemos que lo bajaremos entre un 5 y un 10 por ciento, aunque esa plata se va a reinvertir en los problemas de servicio", reconoció Piccardo ante una consulta de Fernando Sánchez (Coalición Cívica).

El lunes continuará la discusión en la que el PRO, según se comprometió, llevará el proyecto con los cambios que se charlaron en esta jornada y tratará de obtener así un dictamen de mayoría para convencer a alguno de los bloques opositores para llegar a los 31 votos (tiene 26 propios y tres legisladores aliados) que necesita para aprobarla.

En ese contexto, el diputado Aníbal Ibarra del Frente Progresista Popular adelantó que trabajará junto a otros opositores en un proyecto alternativo al del PRO.