El gobierno de Gran Bretaña decidió no apoyar con buques de la Royal Navy (armada británica) las operaciones de protección de los caladeros de Malvinas. Esta decisión responde a la paulatina reducción del presupuesto de Defensa que se asigna para el archipiélago y también a que la óptica de la marina británica no contempla involucrarse en operaciones de fuerza contra los pesqueros ilegales. Hace dos semanas, se conoció otra medida de recorte al gasto militar; el Ministerio de Defensa del Reino Unido retiró el destacamiento de marines que estaba en las islas Georgias; el contingente fue reemplazado por una base científica del British Antarctic Survey (BAS). En el ambiente diplomático local, se apuraron a interpretar las medidas como señales de confianza a 19 años del conflicto por Malvinas.
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El ministro de Defensa del Reino Unido envió un comunicado secreto al gobernador Donald Lamont (ver facsímil) el 7 de marzo pasado en el que le hace saber que no es posible comprometer buques de la Royal Navy para la protección de las pesquerías de Malvinas. Una semana antes, el 21 de febrero, se conocía una carta del consejero isleño Richard Cockwell pidiendo a la Argentina una acción conjunta para combatir la pesca ilegal. La parte medular del documento secreto del Ministerio de Defensa inglés dice lo siguiente:
«Estimado gobernador: «Desde la visita a las Falklands realizada por el equipo del Ministerio de Defensa, del Cuartel General Conjunto Permanente de las FF.AA. y de la Flota Británica, en octubre pasado, ha habido un gran debate en el Ministerio de Defensa y en Northwood (comando de la marina británica) sobre la posibilidad de asistencia de la Royal Navy en operaciones de protección pesquera en el Atlántico Sur.»
«Le estoy escribiendo para hacerle saber que nuestros ministros han decidido, a regañadientes, que estamos imposibilitados de ofrecer tal asistencia a gobierno de las Falklands.»
«Sé que esto será una desilusión, particularmente después de los alentadores progresos logrados en las reuniones llevadas a cabo en octubre en Stanley.»
El gobernador tuvo que poner su mejor cara para explicar el revés a los 8 consejeros legislativos, la principal autoridad política electa de las islas. Lamont, muy identificado con el Foreign Office -«si hasta habla con el acento de un diplomático de la metrópoli», dijo una fuente de las islas-, sostuvo que la defensa del archipiélago será mucho menos numerosa, pero mucho más tecnificada; se mantendrá la presencia aun con los múltiples contactos e intercambios entre militares británicos y argentinos.
Este funcionario fue embajador del Reino Unido en Uruguay durante el mandato de Sanguinetti y luego con Luis Alberto Lacalle. El 21 de marzo pasado, Lamont puso una ofrenda floral en la tumba del suboficial de la armada Félix Artuso, que está enterrado en las islas Georgias, y otra en la del explorador antártico Lord Ernest Shacketlon. El marino pertenecía a la dotación del submarino Santa Fe y murió en combate cuando la nave fue hundida frente a la bahía Grytviken. Es el único argentino que yace en Georgias. Lamont había viajado al archipiélago de Georgias para observar la marcha de la nueva base científica que reemplaza al destacamiento militar británico recientemente replegado.
Fue acompañado por el comandante de la guarnición Malvinas, comodoro John Cliffe, y por el reverendo Alistair MacHaffie.
Los debates para comprometer a los marinos británicos en la lucha contra los pesqueros ilegales tuvieron como eje el mismo inconveniente que sus pares de la Argentina: el presupuesto. Varios parlamentarios visitaron Malvinas para interiorizarse del problema: Sylvia Heal, ex secretaria privada del secretario de Defensa, Geoff Hoon; David Watts, laborista, ex secretario parlamentario privado del ministro para las FF.AA., John Spellar; Stephen Hepburn, laborista, miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento; Ian Bruce, conservador; y Cheryl Gillian, vocera del partido Conservador en la Cámara de los Comunes. El Parlamento trató sólo una vez el año pasado los gastos de defensa de las islas. En esa oportunidad, según el diario de sesiones, el parlamentario Gordon Prentice interrogó al ministro de las FF.AA., John Spellar, sobre el costo de la guarnición Malvinas desde la restauración de la democracia en la Argentina. El ministro estimó que desde 1983 hasta 1999 Gran Bretaña había gastado 3.600 millones de dólares y que se invierte 110 millones cada año. «¿Puede esto justificarse teniendo en cuenta la restauración democrática en la Argentina?» «En estos días en que los recursos se estiran lo más posible, ¿es que hay una amenaza mayor sobre las Falklands de la que hay por ejemplo a Gibraltar de parte de España, que también tiene reclamos territoriales sobre el peñón?», remató Prentice.
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