La solución salarial a Santa Cruz costará $ 400 millones de gasto en todo el país

Política

El Ministerio de Economía tiene un argumento fiscal para justificar ante los docentes de Santa Cruz la imposibilidad de acceder al reclamo de llevar el salario "en blanco" de los $ 161 actuales a $ 1.100. Si se tomara esta medida, el resto de las provincias pediría lo mismo y el gasto público mensual nacional subiría $ 400 millones. Por esto, el flamante gobernador Daniel Peralta asegurará hoy que el monto "en blanco" puede ser llevado a entre $ 500 y $ 600 mensuales, "pero no más". Esto igual provocará más gasto, pero, aseguran en el gobierno, por un monto "manejable".

«El problema fiscal no es aumentar los salarios de los docentes y municipales de Santa Cruz, sino el precedente que quedaría para el resto del país». Desde el gobierno nacional se explicaba con esta frase por qué cuesta tanto cerrar una oferta sólida para «blanquear» gran parte del salario no remunerativo que cobran los docentes y empleados públicos de la provincia del Presidente, lo que de efectivizarse debería haber destrabado ya definitivamente el conflicto santacruceño.

Según el Ministerio de Economía, a partir de un informe que se le envió la semana pasada a Néstor Kirchner (y que se basa en el estudio de las diferentes alternativas de costo fiscal que provocaría diversos aumentos de salarios en la provincia), lo máximo que se podría «blanquear» este año es entre 500 y 600 pesos mensuales, pero «no más».   

  • Déficit

    El problema no es el gasto extra que generaría un incremento de este tipo para las cuentas públicas nacionales (la única fuente de financiamiento válido para un aumentos de sueldos públicos ya que la provincia no cuenta con los fondos necesarios), sino el precedente que quedaría en otras provincias. Pero no en el sueldo de los maestros o empleados públicos, sino en las cajas jubilatorias. Santa Cruz tiene un déficit mensual de 22 millones de pesos en esa cuenta. Si se blanquearan los salarios en más de esos 600 pesos máximo, el desequilibrio subiría en unos $ 10 millones más. Obviamente, para un gobierno nacional que muestra un promedio de superávit fiscal mensual de más de 1.600 millones de pesos, ese dinero sería fácilmente financiable, más teniendo en cuenta que se trata de la provincia del Presidente y que está en un conflicto político necesario de encarrilar. El problema, explican en el Palacio de Hacienda, es que si se aumenta el financiamiento para la caja jubilatoria, otras provincias tendrían el derecho de reclamar más aportes, «lo que generaría un potencial aumento del gasto que podría llegar a los $ 400 millones mensuales». Esto sucedería en realidad, aclaran en Hacienda, si todo el porcentaje de salario no remunerativo o «en negro» que cobran los docentes y empleados públicos de las provincias pasara a remunerativo. Este sería un reclamo obvio si el gobierno nacional aceptara financiar la demanda de la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC); esto es pasar los casi 1.200 pesos de salarios «no remunerativos» a « remunerativos».

    La clave de la oferta que esta semana hará el flamante gobernador de la provincia patagónica, Daniel Peralta, siguiendo el razonamiento de Economía, es que los 600 pesos que los docentes santacruceños cobran como aporte especial continúen en ese nivel, y que sean los otros 600 para completar los $ 1.200 reclamados los que se blanqueen. «Igualmente esos 600 pesos no remunerativos también los cobran los docentes jubilados», aclaran en la cartera de Felisa Miceli para justificar la oferta.

  • Irregularidad

    En total, la provincia cuenta con unos 1.151 docentes y unos 5.000 empleados públicos, sobre un total de habitantes de casi 197.000. Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Santa Cruz es la provincia donde se paga más salario docente no remunerativo (49%). El trabajo define esta situación como «una irregularidad ya que las cargas sociales se debenaplicar sobre el total de la remuneración en efectivo», con lo que la parte «no remunerativa del salario queda fuera. No se mide entonces para la liquidación de los aportes previsionales, aguinaldos, indemnizaciones, vacaciones y la antigüedad del empleado.

    Todo el dinero necesario para solucionar la situación de Santa Cruz deberá salir de las cuentas públicas nacionales, ya que esa provincia opera, según el economista, Claudio Lozano, como una de las de «menor fortaleza fiscal», definida como «la menor capacidad de respuesta posible para hacer frente a un aumento salarial». Esto se debe a que esa provincia tiene ahorros, pero no buen nivel de circulante de dinero producto de su propia recaudación. Es así, una de las administraciones más dependientes del giro mensual proveniente de la Nación fruto de la coparticipación federal.

    Ante la pregunta sobre por qué no se traen desde el exterior los polémicos fondos girados a Suiza cuando Néstor Kirchner era gobernador, y que se salvaron así de la devaluación y pesificación, Economía opina de manera técnica y recurriendo a la más pura ortodoxia: «Se trata de ahorros, que según los criterios fiscalistas más sólidos, no pueden usarse para un aumento en los gastos corrientes (lo que sería un incremento salarial), sino para inversiones productivas (obras públicas)».
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