El radicalismo porteño, con Cecilia Felgueras a la cabeza, le pidió ayer a Aníbal Ibarra que vete la ley de juego que permite la instalación de casinos estatales en la Ciudad. El reclamo surgió de un plenario especial que mantuvo la UCR capitalina el lunes a la noche en la sede del comité partidario (ver nota aparte). En esa reunión de la que participaron funcionarios y legisladores radicales de la Capital, se respaldó la actitud de la bancada UCR por haber votado en contra del Frepaso el polémico artículo 9 de la ley que regulará los juegos de azar y se redobló la embestida contra los socios políticos de la Alianza. Con distintos argumentos, que empezaron con que «Aníbal Ibarra rompió el compromiso con los vecinos de la Ciudad», los radicales votaron el pedido de veto, con la presencia en la mesa principal de Cecilia Felgueras, quien había intentado que el organigrama de la reunión no tocara el tema del casino en su presencia, pero los ofuscados radicales no atendieron esa sugerencia. Por un lado, reforzaron la postura en contra de sus socios frepasistas, con la intención de «diferenciarse» con respecto a la conveniencia o no de que el Estado porteño tenga permiso para instalar un casino. Pero además fundamentaron con la posibilidad de que sea inconstitucional el artículo que se refiere a ese punto. Tal como anticipó este diario, el delarruista Jorge Enríquez sostuvo ante el plenario que la mayoría especial que impone la ley votada es una atribución de la Constitución y que «la iniciativa legislativa se la limita sólo al jefe de Gobierno». En ese sentido el subsecretario de Gobierno de la Ciudad, el alfonsinista Agustín Zbar, aseguró que «es grave que la ley diga que la iniciativa para instalar un casino la tendrá sólo el jefe de Gobierno, porque les quita la iniciativa a todos los legisladores, al defensor del pueblo y a la gente, que tienen ese derecho porque se lo dio la Constitución».
Pelea técnica
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Es decir que la pelea entre los socios de la Alianza cobró así carácter técnico junto con el político-moral que se le dio al casino. Ibarra aún no recibió la ley sancionada por los legisladores, pero de todos modos sus funcionarios anticiparon que no piensa en vetar el artículo. Por caso el procurador porteño Juan Carlos López (concuñado del jefe de la Ciudad) explicó a este diario que «no es inconstitucional la ley, la Constitución expresa en qué casos se debe adoptar mayoría de dos tercios de los votos, y en esos casos no se puede omitir, pero sí el legislador puede imponerse limitaciones; de esta manera en que se redactó el artículo de la ley se ve la intención de que si un jefe de Gobierno quiere poner un casino necesita de un verdadero consenso en la Legislatura para poder hacerlo».
La mesa del bloque Encuentro (cavallistas, belicistas y peronistas) opositor a la Alianza, pero que acompañó al Frepaso para sancionar la norma, también mantuvo una reunión para evaluar la posibilidad de que hubieran terminado votando un artículo en contra de la Constitución. Prefirieron dejar la duda para que la resuelva Ibarra, mientras sostuvieron que «son interpretaciones constitucionales».
En medio de la pelea por la ruleta que sigue girando en el seno de la Alianza, Ibarra decidió esperar para que la Legislatura homologue un convenio que firmó con Lotería Nacional para recibir parte del dine-ro que se apuesta en la Ciudad. Tratará de solicitarles a los legisladores que lo traten en las sesiones extraordinarias de febrero, cuando el clima sea más propicio (al menos así lo espera) ya que el documento permite que la Ciudad reciba dinero tanto de los billetes de la lotería como de los bingos y el casino flotante. Para el radicalismo no debe cobrarse esa cuota de la sala de juegos amarrada en la ribera porteña porque «sería otorgarles un derecho». Además en la ley se agregó una cláusula transitoria que reza que el jefe de Gobierno hará las acciones necesarias para clausurar el casino flotante.
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