El bloque de diputados radicales pidió ayer una sesión especial para el próximo miércoles, donde intentará votar un proyecto de prórroga de suspensión de las ejecuciones hipotecarias que puede llegar a un plazo de hasta 180 días. Para ese mismo día los peronistas tienen previsto tratar otro proyecto de mediación compulsiva entre acreedores y deudores aunque hasta ayer no había llegado la iniciativa desde el Ejecutivo, por lo que el PJ cuenta sólo con un proyecto propio y limitado presentado por la bancada.
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El peligro que genera esta sesión para el PJ es grave. Esta semana los radicales junto con el ARI, el Frepaso, los provinciales y el menemismo estuvieron a punto de lograr el quórum en una sesión especial donde pretendían aprobar una ley para frenar los remates por 180 días. Ese intento se frustró por la oposición del justicialismo oficialista y el quite de colaboración de los seguidores de Adolfo Rodríguez Saá, que a pesar de todo apoyan una suspensión de ejecuciones por ley.
Este pedido de sesión especial complica también al gobierno que ayer recibió señales claras desde Washington de evitar conflictos en el Congreso en torno de la suspensión de subastas o cambios en la Ley de Quiebras, como condición para llegar a un acuerdo con el FMI.
Mientras tanto, la conducción del bloque del PJ acordó con el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el ministro del Interior, Jorge Matzkin, aprobar a más tardar el miércoles próximo el proyecto de ley de mediación. Si bien el gobierno prometió enviar una iniciativa con procedimientos de mediación establecidos por el Banco Mundial, hasta ahora sólo se encuentra en estudio un proyecto tendiente a la «conciliación obligatoria» que fue redactado por los propios diputados para frenar la ola de descontento en su propio bloque cuando el gobierno decidió no avanzar con ningún tipo de prórroga en las subastas y terminar la cuestión con un acuerdo con los bancos para suspender remates hasta el 1 de febrero.
El proyecto peronista fija un plazo de treinta días para que el juez convoque a las partes a una audiencia de conciliación, «cuando el objeto de las pretensiones se funde en el desequilibrio de las prestaciones causadas por la declaración de la emergencia económica» dispuesta por la Ley 25.561. En ese esquema de conciliación se incluyen las deudas por créditos personales, prendarios, hipotecarios para la adquisición, construcción o refacción de vivienda. También quedan contemplados en la iniciativa los créditos otorgados a personas físicas o jurídicas que encuadren en la categoría de PyMEs.
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