La UCR logró salvar poderes de Cavallo

Una vez más, los diputados de la oposición fracasaron ayer en su intento de derogar los poderes especiales otorgados en marzo al gobierno. A las 11, el esfuerzo del peronismo, el ARI, el Frepaso y unos pocos radicales disidentes no alcanzó para reunir quórum, aunque en esta ocasión el peronismo pareció colaborar menos que en las sesiones anteriores. Pero mientras eso sucedía en el recinto, Elisa Carrió se lanzó a un raid que incluyó un avance importante en el camino para derogar las facultades especiales. Así, la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la chaqueña, emitió dictamen al proyecto unificado de derogación. De esta forma, en siete días hábiles, el proyecto podrá llegar al recinto y ser debatido por la oposición sin necesidad de reunir una mayoría especial para tratarlo sobre tablas o reunir quórum para una sesión especial.

• Juicio político

Una rato después, Carrió presentó un pedido de juicio político contra Domingo Cavallo acusándolo de «mal desempeño de sus funciones y posible comisión del delito de malversación de caudales públicos». El bloque de ARI explicó que el pedido fue remitido a la Comisión de Juicio Político, que encabeza la radical disidente Margarita Stolbizer, una de las firmantes del proyecto.

«Es imposible que la reestructuración de la deuda pública del volumen de la Argentina, con todos los ilícitos desde su constitución, construcción y blanqueo, sea renegociada por personas que están imputadas delictivamente de haber cometido malversación de caudales públicos en la renegociación de la deuda», dijo Carrió.

La diputada también envió una notificación «personal al presidente Fernando de la Rúa, para ponerlo en conocimiento de la causa penal, de modo tal que si el Presidente encomienda las negociaciones a alguno de los imputados de la causa del megacanje, es personalmente responsable».

El dictamen sobre los poderes especiales firmado ayer permitiría que dentro de dos semanas el proyecto derogatorio esté en condiciones de ser tratado en el recinto sin necesidad de convocar a una sesión especial o de reunir la aprobación de los dos tercios de los presentes que se requieren para habilitar el tratamiento de un tema sobre tablas.

Este requisito reglamentario fue lo que hizo fracasar, el miércoles de la semana pasada, el tercer intento de los diputados para terminar con la delegación de poderes, ya que la fuerte presencia de radicales que votaron en contra de habilitar el tema frustró la embestida.

• Dictamen

El dictamen de Asuntos Constitucionales aprobado ayer tiene un sólo artículo declarativo y otro de forma, y su texto sólo especifica que se derogan los artículos 1 a 6 de la Ley 25.414, de facultades delegadas.

El despacho cuenta con 17 firmas encabezadas por Carrió y el peronista Carlos Soria, dos de los principales impulsores de la derogación, Cristina Kirchner, José Díaz Bancalari, Juan Carlos Ayala, Guillermo Jenefes, Juan Uturbey y Franco Caviglia, Héctor Polino, Ramón Torres Molina y Alfredo Villalba, del Frente para el Cambio, y la radical disidente Silvia Vázquez. El dictamen fue rechazado por los únicos diputados del radicalismo que participaron del encuentro, los santa-fesinos René Balestra y Julio Tejerina.

De todas formas, las tres sesiones especiales convocadas para ayer estaban destinadas al fracaso. La de los poderes especiales, a las 11, aparecía como de quórum imposible, ya que muchos diputados aún no habían regresado de sus provincias. Se consiguieron sólo 80 legisladores, de los cuales unos 50 fueron aportados por el justicialismo; y el resto, por el Frepaso, el ARI, Frente para el Cambio, los radicales María Cano, María Soda, Miriam Curletti, Margarita Stolbizer y Juan Carlos Farizano y el demócrata progresista santafesino Alberto Natale (Santa Fe). Y en las otras dos sesiones -previstas para derogar le decreto de reforma previsional y sancionar la ley que permitirá el pase de afiliados del sistema de AFJP a la jubilación de reparto-, no existió consenso suficiente, ni siquiera dentro de la oposición.