La venganza de la plata haragana

Más útil y eficaz hubiera sido que Cristina de Kirchner dijera que nunca recibió dinero negro y venezolano para su campaña. Le habría servido a su gobierno y al país para aplacar las dudas que quedan pendientes. ¿O la responsabilidad del esclarecimiento quedaría en manos sólo de un juez del distrito de South Florida? Pero la política -como los negocios y otras actividades- se mueve también en la Argentina al borde de la marginalidad. ¿El gobierno sabe si la acusación difundida es cierta o no, si detrás de la denuncia no hay un arrepentido dispuesto a contar más? Hay margen generoso para la sospecha, como lo hay para la respuesta gaseosa de que se trata todo de una patraña. Puede o no haber pruebas del delito; lo seguro es que los protagonistas detenidos en Miami, con Guido Antonini Wilson a la cabeza, no son inocentes. Resulta lamentableque el gobierno haya quedado envuelto en esa red. Improvisó tardíamente el oficialismo al convocar un nuevo grupo «rating» que, a coro -tal vez sin evidencias-, denunció una conspiración de los Estados Unidos contra Venezuela usando a cándidos argentinos de la administración oficial. Comprometió así a todo el kirchnerismo en un relato -como le gusta discurrir a la Presidente- tan amateur como el tratamiento que le ha dado a este caso del valijero, al que aborda morosamente cuando estalla en los medios. Sorprende la respuesta, después de 14 horas, reclamándose «asombrados» por la imputación.

El trámite judicial en los tribunales de Florida lleva varios meses. ¿Nunca fue informado este gobierno que gasta fortunas en tareas de espionaje que venía una denuncia del fiscal Tom Mulvihill? La leyenda dice que en el área de Miami actúan por lo menos seis estaciones de la SIDE criolla, dedicadas a hurgar en la vida de los residentes y turistas argentinos que pasan por ahí y a hacer «copy-paste» en páginas de Internet para sacar deducciones de lo que dice la prensa. Nadie advirtió al gobierno, al que le estallan estas crisis externas como sin aviso previo; ocurrió con las papeleras del Uruguay, ahora esta denuncia sobre la plata negra de la campaña. Se repetirá en las próximas semanas cuando la frontera con Bolivia se inunde de miles de emigrantes de ese país huyendo de la virtual guerra civil que desataron Evo Morales y sus opositores.

Negar el hecho era lo obvio, pero era necesario para no rifar en media mañana cuatro años y medio de kirchnerismo mediático dedicado a proclamar la transparencia de los negocios públicos. Más pura ella que él, por otra parte. Al menos pudo decir Cristina de Kirchner que ignoraba la existencia de fondos bolivarianos en su campaña: podía ampararse en la doctrina del último fallo de la Justicia criolla sobre financiamiento de campañas, el que exculpó al jefe de campaña de Néstor Kirchner en las elecciones de 2003, Alberto Fernández, de todo reproche en el manejo de fondos sucios con el argumento discepoliano de que no sabía que le estaban depositando plata sin comprobantes (el personaje de «Babilonia» de Discépolo, cuando lo sorprenden con una cartera ajena, se indigna al grito de «Me lo hanno posto!, me lo hanno posto! -¡Me la pusieron!»). Era más eficiente y honorable que anotar al país en una guerra pública por agravios privados.

El gobierno Kirchner reaccionó como otras administraciones peronistas ante acusaciones parecidas -la última, la de Carlos Menem-, a quien acusaron hasta de cobrar presuntamente por el atentado a la AMIA: clama inocencia, señala conspiraciones internacionales e intenta anotar la crisis en el marco de la nueva guerra fría. Argumento demasiado vetusto. Es un ataque, hace decir Cristina de Kirchner, para desestabilizarlo a Hugo Chávez ensuciando también su flamante y prístina administración.

La debilidad de ese argumento -comprensible en quien se despierta en plena luna de miel con la casa llena de humo- está en la improvisación que implica creer que en los Estados Unidos los fiscales -como en la Argentina- reciben instrucciones del Poder Ejecutivo. Se han escrito toneladas de papel sobre las irregularidades de esa Justicia y la de otros países, pero lo que no se puede afirmar es que los fiscales reciben órdenes para denunciar a personas y países por razones de Estado. Fabuló EE.UU., para justificar Vietnam, argumentando un ataque en la bahía de Tonkin fuera del área establecida, también para ocupar Irak, diciendo que fabricaba armas de destrucción masiva, pero ¿ necesitaba hacer esto con la Argentina? País, al cual, por otra parte, reconoce que ha olvidado.

Lo otro es común a países débiles: Raúl Alfonsín mandó a que los fiscales no apelasen pedidos de nulidad de indultos, otro sucesor mandó a los fiscales para que apelasen aumentos a jubilados, o el propio gobierno Kirchner -se sabe- los instruye para que no consideren a las atrocidades del terrorismo como delitos de lesa humanidad. Todo, y en cada momento, por razones de Estado. Pero es impensable tal vez en los Estados Unidos, donde un fiscal especial llevó a un Bill Clinton al impeachment y casi lo destituyópor haberse entretenido con una noviecita en el salón Oval.

Otro caso más gráfico es la investigación de una de las células terroristas sospechadas de actuar en el atentado de la Torres Gemelas en los Estados Unidos, que se demoró varios meses porque los pesquisas no encontraban el atajo jurídico para investigar a civiles dentro de su territorio. Sin eso no podían abrir un archivo que permitiese hacer gastos y afectar personal y evitar así malversación de fondos. Sólo pudieron hacerlo cuando encontraron una ley de 1876, votada luego de la Guerra Civil de ese país, que le permitía al presidente una excepción a la prohibición de hacer inteligencia interna. No bastaba en ese país la voluntad del Ejecutivo para mover a los fiscales, algo que en la Justicia argentina -para bien o para mal- es un expediente habitual y que le hace pensar a sus políticos (como Cristina de Kirchner) que una solicitud de un fiscal es un acto político de los Estados Unidos.

Un ex senador peronista, de cuyo nombre mejor no acordarse, desarrolló una teoría que es un destilado de cinismo e ingenio político. La plata haragana es la que no proviene del trabajo y tan fácil como llega hay que gastarla. Quien la retiene o busca medrar con ella será víctima de ese dinero mal habido; es la venganza de la plata haragana.

Amigos del gobierno dicen ante la Justicia de Miami que el dinero que venía en un avión pagado por la estatal ENARSA era para su campaña electoral. La sola afirmación, aunque fuera una coartada sucia ( basura, dice ella) y canalla (dicen sus ministros) de los inculpados para politizar el delito y distraer la mirada sobre otras fuentes injustificables de este dinero haragán (retornos, coimas, lavado, narcodólares) merecía seguramente una respuesta más solvente, menos haragana.