Lago Escondido: Gobierno denunció penalmente a jueces y camaristas

Política

Los apuntados por los chats son los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques y el fiscal porteño Juan Batista Mahiques, además del ministro de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro.

El Gobierno denunció penalmente este miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y otros implicados por incumplimiento de los deberes de Funcionario Público y Dádivas en el marco del vuelo a Lago Escondido.

La denuncia, presentada en la Fiscalía Federal de Bariloche por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria a través de una orden del presidente Alberto Fernández, exige que se investigue los hechos vinculados al financiamiento del vuelo que incluye a diferentes personalidades de la Justicia y la política nacional. Se trata de la segunda presentación por el escándalo de Lago Escondido, luego de la realizada por el abogado el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien este martes volvió a presentarse ante la Fiscalía Federal de Bariloche, en Río Negro.

Los apuntados por son el juez Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergroth (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto).

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Hertzriken Velasco consideró que teniendo en cuenta la presentación efectuada hace "40 días", cuando se conoció la realización de este viaje a propiedades que el magnate inglés Joe Lewis posee en la zona cordillerana de Río Negro, sea "tenido como acusador particular y parte querellante en el proceso".

"Como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometieron, también como abogado y más precisamente como Presidente de la Fundación de Abogados Querellantes", señaló en su escrito el letrado.

El domingo pasado, trascendió el contenido de unos chats que mantuvieron los involucrados, quienes intentaban coordinar una versión falsa sobre este viaje con la intención de evitar una investigación judicial por dádivas.

Ahora, este viaje está siendo investigado en la justicia, y Hertzriken Velasco calculó que la "dádiva" de los empresarios a los jueces ronda entre los 5.000 y 10.000 dólares.

Por eso, el letrado consideró que la situación amerita sus detenciones ante el peligro de "entorpecimiento investigativo", y también pidió el secuestro de los teléfonos celulares involucrados, el allanamiento de los despachos de los magistrados y los resúmenes bancarios del último mes, entre otras medidas.

En el mismo pedido, el abogado solicitó el desafuero de los jueces y su llamado a indagatoria.

El comunicado del Gobierno sobre la denuncia de Lago Escondido

A través de un comunicado oficial publicado este miércoles, la Portavoz de la presidencia, a cargo de Gabriela Cerruti, explicó los motivos de la denuncia y por qué se considera al viaje como un delito:

"El escrito plantea que 'en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción'”.

A su vez, según el comunicado, la denuncia aclara que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

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