La negativa de ayer de la Corporación Financiera Internacional de bloquear los créditos a la empresa Botnia para, de ese modo, impedir su emplazamiento en Fray Bentos está destinada a favorecer, casi seguro, la intransigencia de los vecinos de Gualeguaychú, que se expresa en los cortes de ruta. Cerrado el camino de la Corte Internacional de La Haya (aunque ahí quede pendiente el tratamiento de la cuestión de fondo del conflicto), también hay que descartar ahora la posibilidad de una obstrucción financiera. La intervención del rey de España tampoco parece destinada a prosperar, al menos en lo inmediato: su embajador Juan Antonio Yáñez Barnuevo, a quien fue confiada la tarea de «facilitar» un acuerdo, fue recibido por las autoridades uruguayas con mucha cordialidad pero sin el menor interés en acercar posiciones mientras hubiera « medidas de fuerza» en Gualeguaychú o Washington. No sería insensato esperar que también la Corona modere las apariciones rioplatenses de sus súbditos. La percepción de que el conflicto es la única vía para obtener algún resultado parecía más acentuada ayer en el oriente entrerriano. El conflicto de las papeleras ya ingresó allí en una nueva campaña electoral -esta vez por la renovación de autoridades provinciales y municipales- y forma parte del discurso de los candidatos.
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El primero en hacerse oír fue Héctor Maya, aspirante a gobernar Gualeguaychú. Maya, uno de cuyos hijos es un fervoroso animador de las asambleas de vecinos de la ciudad, salió ayer a saturar las radios lugareñas y también de la Capital Federal en defensa del corte de ruta. Su nueva vocación municipal parecía asimilarlo a Juan José Castelli, Cornelio Saavedra o cualquier otro asistente al Cabildo Abierto de 1810. Como en aquellas jornadas mayas, Maya argumentó que «el pueblo retoma los derechos delegados en las autoridades por la deserción de éstas: será el pueblo quien asuma por sí la defensa de sus intereses y su soberanía».
Alineado en el peronismo disidente que renuncia a seguir a Néstor Kirchner como candidato presidencial, este ex senador plantó la bandera más agresiva en torno a la crisis de las papeleras.
Su maximalismo obligará a los demás candidatos a extremar planteos. Es decir: se va a reproducir en la provincia la misma carrera de posiciones que se verificó en 2005, cuando lo que se elegía eran cargos electivos. Como en aquella oportunidad, el oficialismo tampoco tiene una posición unificada.
Mientras el gobernador Jorge Busti postula a su ministro de Gobierno, Sergio Urribarri ( renunciado para participar de la campaña), el intendente de Paraná, Julio Solanas, se lanza como una versión ultra-K en contra del mandatario provincial y su ahijado. Solanas expresa a un mosaico muy diverso de dirigentes provinciales, en los que gravita especialmente José Conde Ramos, un militante histórico del centroizquierda peronista en el distrito.
Además de Solanas y Conde Ramos, también la familia Cresto se alineó con el kirchnerismo y su Frente para la Victoria: son quienes dominan Concordia, papá Juan Carlos Cresto y su heredero, Enrique Tomás, integrante de las huestes de Solanas. Cerca de ellos, aunque todavía con una posición indefinida, circula el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen.
Como se puede apreciar, están puestas las fichas de tal manera en el peronismo provincial que la carrera hacia posiciones cada vez más audaces está garantizada. Se repite, entonces, una vieja historia. Ya en 2003 los dirigentes allegados a Kichner menospreciaron la candidatura de Busti. Y fue sólo por gestión del actual presidente que el entonces senador pudo congeniar con la dirigencia filo-frepasista del este de la provincia sin que se desatara una interna. ¿Qué papel jugará ahora el santacruceño frente a las tempranas elecciones del 18 de marzo? ¿Se convertirá en «facilitador» interno o dejará que se libre una batalla agresiva entre distintas versiones de sus propios subordinados? ¿Tolerará Busti el estímulo al ala izquierda del PJ, la misma que con sus agitaciones del año pasado lo obligó a subirse del conflicto de Gualeguaychú? Son las preguntas que plantea hoy la política oficialista en Entre Ríos, donde hay pocas certezas salvo ésta: los cortes de ruta están garantizados para todo el verano, no sólo por el malhumor de los vecinos ambientalistas sino también por los candidatos que competirán en marzo.
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