Latam: embargo por $40 millones a pedido de un gremio

Política

Es por el incumplimiento de un aporte establecido en el convenio colectivo de trabajo. La demanda corrió por cuenta de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)

La tensión entre la aerolínea Latam y los gremios aeronáuticos sumó ayer un nuevo capítulo con un embargo preventivo de la Justicia a una de las cuentas de la empresa por $40 millones a pedido de una de las organizaciones por el incumplimiento de un aporte establecido en el convenio colectivo de trabajo. La demanda corrió por cuenta de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que antes había pedido también que fuesen incautados los aviones de la empresa.

La medida fue dispuesta por Marina Pisacco, a cargo del juzgado laboral 33, en respuesta a un planteo del sindicato que encabeza Pablo Biró. La demanda se basó en la falta de pago en los últimos meses de un aporte que las líneas aéreas realizan a favor del gremio de pilotos y que está contemplado en el convenio de la actividad. La firma discontinuó el aporte una vez que el gobierno anterior, en la gestión del ministro Dante Sica, le otorgó en tiempo récord la inscripción gremial a un sindicato paralelo de comandantes de vuelo, UPAL, creado a medida de los intereses de Latam y del macrismo como alternativa a las organizaciones que entonces se le oponían.

En Latam confirmaron el embargo tras haber sido notificados por la entidad bancaria, el Santander aunque aclararon que la decisión “no inmoviliza las cuentas” de la línea aérea. La respuesta despeja la inquietud respecto de los pagos salariales (desde que arrancó la cuarentena y de manera unilateral los sueldos fueron abonados al 50 por ciento) y de los retiros voluntarios. Como adelantó este diario a partir de la apertura de esa instancia, más de 800 de los 1.715 trabajadores de la firma se acogieron a esa instancia.

El embargo preventivo se ejecutó por 489 mil dólares y 8.370.000 pesos y forma parte de la estrategia de los sindicatos aeronáuticos de sumarle un capítulo judicial a la confrontación con la empresa a partir de que anunció su intención de cesar sus operaciones en la Argentina y de pedir la apertura de un procedimiento preventivo de crisis (PPC). Un primer revés se produjo la semana pasada cuando el Ministerio de Trabajo rechazó esa herramienta, que le permitiría a la firma producir despidos con un valor reducido de indemnizaciones, por entender que rige la prohibición de las cesantías. De hecho en la misma semana el Gobierno extendió esa veda, del 31 de julio al 30 de septiembre.

La tensión con los gremios arrancó junto con la cuarentena y se agravó con una negociación frustrada en la que la empresa propuso pagar la mitad de los sueldos. A pesar de no haber alcanzado un entendimiento a partir de abril abonó los salarios bajo esa modalidad y en paralelo pidió la apertura del PPC. También anunció, el 17 de junio, su intención de abandonar la operatoria en la Argentina que consiste en la explotación de una docena de rutas domésticas, cuatro regionales y una internacional.

La respuesta gremial fue en bloque: los sindicatos de pilotos (APLA), técnicos aeronáuticos (APTA), personal en tierra (APA), jerárquicos (UPSA) y de tripulantes de cabina (Atcpea) objetaron el planteo de la compañía, reclamaron el pago íntegro de los salarios y le reclamaron al Gobierno que no abriera el PPC. También pidieron la normalización de la federación de sindicatos de la actividad (FAPA), un histórico anhelo del grueso de las organizaciones para encauzar sus planteos con una única voz.

El aporte extraordinario que motivó el embargo es habitual en algunos convenios colectivos de trabajo, que consagran ese tipo de pagos a cargo de las empresas a favor del os sindicatos en base a sus nóminas de personal. El argumento de Latam fue que a partir de noviembre del año pasado, cuando UPAL consiguió su inscripción gremial y afilió a un centenar de pilotos, pasó a ser la organización mayoritaria y por lo tanto no tenía razones para mantener el pago a favor de APLA. Latam había adelantado la semana pasada que apelaría la decisión administrativa que la privó del PPC. Hasta anoche no se informó si tomaría la misma determinación respecto del embargo.

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