El Senado bonaerense aprobó ayer una prórroga por seis meses de la emergencia de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, aunque recortó los poderes especiales que le otorgaba la norma al titular de la cartera de Seguridad para hacer compras directas.
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La iniciativa, que ahora fue girada a Diputados para su tratamiento, autorizó al Poder Ejecutivo a mantener a la fuerza en emergencia por sólo seis meses que no serán prorrogables, tal como lo había solicitado el gobernador Felipe Solá.
Los legisladores eliminaron además del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo los artículos que le permitían a León Arslanian realizar compras directas de equipamiento para la fuerza y lo exceptuabade llamar a una licitación. La Policía fue declarada en emergencia el año pasado, plazo durante el cual el titular de la cartera de Seguridad estuvo facultado para reorganizar la fuerza y pasar a disponibilidad a efectivos con el solo fundamento de ampararse en la emergencia.
• Fundamentos
En el proyecto que envió el Ejecutivo, Solá fundamentó la prórroga en que «la situación actual en que está el sistema de seguridad, sin perjuicio de los elevados adelantos que se han conseguido, amerita sancionar una nueva prórroga debido a que la reforma policial se encuentra en una fase conclusiva».
También remarca que las «facultades especiales» otorgadas al ministro de Seguridad en esa norma «resultan imprescindibles para la materialización y conclusión de la reforma en marcha» y que Arslanian «no ha hecho, no hace ni hará uso abusivo de las prerrogativas que surgen de la ley de emergencia», lo que no fue aceptado por los senadores.
«La emergencia policial es necesaria para evitar una eventual paralización de las medidas en ejecución, que podría dilatar y poner en riesgo la finalización del proceso de cambio iniciado», sostuvo el gobernador en el proyecto enviado a la Legislatura bonaerense.
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