La Cámara de Diputados retomó este martes el trabajo en la comisión de legislación General para tratar los distintos proyectos que modifican o buscan derogar la ley de alquileres, sancionada en 2020. La reunión informativa contó con la presencia de 42 especialistas del inetrior del país que expusieron sobre la temática.
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En la primera reunión informativa celebrada hoy, la mayoría de los 42 expositores correspondieron al Colegio de Martilleros y a las cámaras inmobiliarias que representan a los propietarios, quienes plantearon la necesidad de modificar el plazo de los contratos para que se reduzcan de tres a dos años, y que la actualización de los alquileres se realice cada seis meses, en el marco de una reforma de la ley vigente en la actualidad.
En la apertura de la reunión, que se desarrolla en el anexo C de la cámara baja, en forma mixta, virtual y presencial, la diputada y titular de la comisión, Cecilia Moreau puso de relieve la importancia del debate y destacó "la necesidad de escuchar a las provincias que son parte de la problemática", antes de dar la palabra a los expositores, en primer término de la provincia de Chaco.
El primero en exponer fue Giovanni Tesaro, jefe departamento jurídico de Defensa del Consumidor de Chaco, quien consideró que la ley "debe tener previsibilidad", al hacer referencia a la "falta de certidumbre" de la norma actual.
En tanto, Matías Sironi, representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de esa misma provincia, dijo que la ley actual "no contribuyó a dar soluciones a la crisis habitacional y profundizó la escasez de oferta", al advertir que "no tiene en cuenta la receptividad del turismo ni las actividades estacionales: la sola derogación es insuficiente para atender la problemática porque hay que atender las causas reales".
Por su parte, Roberto Diaz de la Unión de Inquilinos de Río Negro dijo que "hay personas viviendo en carpas, en autos o en colectivos" como consecuencia de la aplicación de la ley y consideró que "la situación es preocupante".
Desde San Luis, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Fernando Olcese, aseguró que "no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, no las hay, pero no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina, que es lo que hablamos permanentemente y tenemos que solucionar".
En tanto, Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, aseguró que este año ya se han recibido 245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos e inquilinas" y señaló que están "relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración."
A su turno, la representante del Colegio de Corredores Públicos de Misiones, María Bower, señaló que "la ley provocó consecuencias en un sentido opuesto a lo que la ley pretendía: nació con buenas intenciones, pero provocó en nuestro mercado una disminución en la oferta de alquileres".En tanto, Jonathan Villanueva, de Inquilinos por Entre Ríos, señaló que "el mercado es voraz y va en desmedro de los inquilinos" y rechazó los argumentos de los propietarios y martilleros al señalar que dicen "mentiras" y "ocultan información cuando dicen que los 3 años no dan previsibilidad y el que dice eso es porque no alquila".
El representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, pidió "reducir el plazo y volver a los contratos de dos años porque le acrecentó el gasto al inquilino" y señaló que "es imposible no actualizar los alquileres cada seis meses".
Por último, desde Inquilinos Organizados de Luján dijeron que "vengo a representar la voz de las mujeres jefas de hogar, disidencias y migrantes; ya que nos encontramos en una odisea constante por la asimetría entre inquilinos y el mercado inmobiliario".
De acuerdo con el cronograma establecido, la comisión retomará el debate la semana próxima con reuniones presenciales el martes 19 y miércoles 20, mientras que entre el martes 26 y miércoles 27, se pretende comenzar a firmar el dictamen.
De esta manera, Moreau cumpliría con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.
Los principales espacios políticos consensuaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratar el tema -el mismo martes 5-, en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y JxC no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.
En ese sentido, todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de uno de su implementación.
Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.
La intención del oficialismo es avanzar en el debate y llegar a un dictamen de consenso para llevarlo al recinto de la Cámara baja el mes próximo.
La ley de alquileres vigente fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
También tuvo diferentes cuestionamientos al índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
Sin embargo, la derogación total es resistida transversalmente por el grueso de los integrantes de los principales espacios políticos, que consideran que el texto aprobado en junio del 2020 aportó cuestiones importantes como la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.
También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito; y se mantendría el texto en lo referido a las aclaraciones sobre quien paga las expensas extraordinarias y quien las comunes.
En la comisión el Frente de Todos cuenta con mayoría, ya que posee 16 de los 31 integrantes, mientras que Juntos por el Cambio suma 14 y una del interbloque Federal.