Licencias

Los fiscales que reclutó Gustavo Béliz para las principales funciones de su cartera (Norberto Quantín, José María Campagnoli, Pablo Lanusse) son conocidos como los «centauros». Es un buen apodo, pues, como esos seres mitológicos, conservan una doble condición. Asumieron funciones en el Ejecutivo, pero mantuvieron los cargos en la Justicia. Esta ambigüedad es un caldo de cultivo especial para la falta de transparencia y la corruptela, vicios que detesta Béliz. Por eso festejará lo que preparan los diputados: una ley que obligará a esos «centauros» a optar, en un mes, por una de sus dos identidades.

Pocas veces se alcanzó tanta adhesión para un proyecto de ley como la que obtuvo el que están empezando a analizar las comisiones de Legislación Penal y Justicia de la Cámara de Diputados en estos días. El texto es sencillo y prescribe que la condición de funcionario del Poder Judicial es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función en el Estado, sea en la escala nacional, provincial o municipal. Un artículo principal está destinado a los fiscales. Allí se establece la misma incompatibilidad, con un agregado: los que estén actualmente en uso de licencia cumpliendo con otra función, tendrán un mes para renunciar a alguna de las dos posiciones.

Las normas que se están proponiendo cuentan con el aval de todos los bloques parlamentarios, salvo el ARI y los partidos de izquierda. Las regulaciones que prevén son bastante sensatas, sobre todo cuando se repasan algunos argumentos de quienes las promueven. Pero lo que más interesa para el juego político inmediato es que, si se aprueba la ley, pondrá a varios miembros del gobierno en la encrucijada de seguir en sus cargos o dejar el Ministerio Público en el que siguen revistando, aunque con licencia.

• Involucrados

No son funcionarios de jerarquía secundaria. Se trata del secretario de Seguridad, Norberto Quantín; el interventor en Santiago del Estero, Pablo Lanusse; y el subsecretario de Protección Civil, José María Campagnoli. Se los conoce como los « centauros», lo que en este caso oficia como metáfora perfecta: como el espécimen mitológico, mitad hombre y mitad caballo, ellos también padecen problemas de identidad.

Además de ser funcionarios del Ejecutivo, mantuvieron su condición de fiscales por vía de una licencia.

Estos encabalgamientos entre dos poderes del Estado (el ministerio público es, sin embargo, un órgano extrapoder) introduce al gobierno en problemas técnicos y políticos. En primer lugar, resulta por lo menos reprochable desde el punto de vista ético que existan funcionarios con un fuero especial. Sucede que, si después de una denuncia grave por irregularidades, estos secretarios, subsecretarios o interventores, decidieran apartarse del cargo, podrían regresar a las fiscalías, donde serían sometidos no a un juicio ordinario sino a un juri especial, seguido por el Consejo de la Magistratura. Se trata de un privilegio inaceptable, sobre todo para ellos, que son hombres que se han hecho fama de implacables en materia de ética y transparencia. Hasta resulta extraño que no hayan sido estos centauros los que denunciaran la rareza de la situación en la que ellos mismos están sumergidos.

• Aberración

No se necesita que exista este encuadramiento -un funcionario del Ejecutivo y fiscal haciendo travesuras-para que el carácter anfibio que hoy exhiben estos hombres de Gustavo Béliz luzca incorrecto. Si se examina la reforma judicial que el ministro de Justicia y ellos mismos proponen, se advertirá que está previsto subsumir el fuero federal en la jurisdicción ordinaria de la Capital. Es decir: ahora todos los fiscales tratarían también causas federales. Basta imaginar que estos tres «centauros» regresen a sus fiscalías para tomar nota de la aberración: Quantín, Campagnoli o Lanusse terminarían siendo los encargados de acusar (o dejar de hacerlo) a sus ex compañeros de gabinete involucrados en causas federales. Aunque quienes conocen la idiosincrasia del trío afirman que, olvidados del viejo compañerismo, no tendrían problema alguno de mandar preso al propio Béliz.

La normativa que avanza en estos días en la Cámara de Diputados no se inspiró solamente, a decir verdad, en estas contradicciones técnicas que ponen de manifiesto las extrañas designaciones del ministro de Justicia. Hubo un sentimiento político herido que dio también lugar a estos proyectos: es de suponer que existe un avance del Poder Judicial sobre la clase política, como si la militancia en los partidos o los antecedentes en el Congreso, fueran una carta de presentación inferior a la de quienes hicieron carrera en la Justicia. Esta expansión del personal judicial sobre los dirigentes políticos se percibe todavía más en el campo específico de las políticas de Seguridad, que poco a poco van quedando en manos de ex funcionarios judiciales.

La ley que se está discutiendo en Diputados con la adhesión de la mayoría de las bancadas tiene un modelo transatlántico: una norma similar rige en España, donde las Cortes quisieron que no se repita la experiencia del juez Baltasar Garzón.

Convocado por Felipe González desde el Poder Judicial, fue funcionario del Ejecutivo por un tiempo. Al regresar al tribunal, se encargó de perseguir a sus antiguos colegas de equipo en la causa abierta por la represión ilegal del terrorismo vasco.