Logra Kirchner su socialista "oficial": controlará gremios

Alfredo Bravo

Tras la fallida captura de Héctor Polino, que estuvo a un tranco de asumir como secretario de Medio Ambiente, Alberto Fernández podrá al fin ofrendarle a Néstor Kirchner la pieza -siquiera simbólica- que hace tiempo busca: un socialista como funcionario.

Es cierto que Torcuato Di Tella -un socialista suelto- pasó por el gobierno como secretario de Cultura -oficina que dejó de manera estruendosa pero era un PS sui generis, librepensador, sin pertenencia partidaria. Ahora, Fernández encontró a Fernando Finvarb que porta pedigrí y chapa socialista.

Ex diputado porteño y ex secretario general del partido hasta el 91, Finvarb proviene de la línea renovadora del PSD que ordenaba Alfredo Bravo, y en sus andanzas tributó a Norberto La Porta; hoy parece tan cerca de Aníbal Ibarra como lejos de Kirchner.

Enlazado a los radicales Miguel Pesce y Marta Oyhanarte en el grupo Buenos Aires, Finvarb -que no es un top en el PS- deriva ahora de la mano de Héctor Capaccioli, lugarteniente del jefe de Gabinete, en un cargo que suena a silla eléctrica: la Defensoría del Beneficiario de Obras Sociales.

Vigía

Si es curiosa la obsesión de Kirchner y Fernández por tener a un socialista en el gobierno para decir que la «Concertación Plural» es plural, lo es más todavía el destino que darán a Finvarb, que será «comisario» de los incumplimientos de los gremios ante sus afiliados.

Fue Capaccioli, a cargo de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), quien se lanzó a la aventura al crear el cargo de defensor del afiliado sindical como antesala de, si se vota la ley que ordena a las prepagas, extender esa vigilancia también a las empresas privadas.

A esa operación se plegó Juan Manuel Abal Medina, subsecretario de Gestión Pública que hoy, con Capacicioli, podrán en funciones a Finvarb.

Cuando jure, el socialista se convertirá en el vigía de las 300 obras sociales incorporadas al régimen de la SSS: podrá actuar como «denunciante» y pedir informes o controlar las prestaciones de las obras sociales pero, eso sí, sólo Capaccioli podrá ejecutar castigos.

Para los sindicatos es una incomodidad. Activo, Finvarb ya se anotició de que los reclamos de los afiliados se concentran en dos rubros: por un lado, las prestaciones que no están incluidas en el nomenclador; por el otro, las demoras con turnos y consultas.

El temor es, claro, que desde la SSS se digite a cuáles obras sociales controlar y a cuáles no. Una sanción pública en épocas de desregulación que permite a los afiliados cambiar de prestadora es una arma peligrosa que estará en el puño de Capaccioli.

Pero son, seguramente, sospechas infundadas del gremialismo educado en conspiraciones. Lo mismo que las alertas sobre la intervención cada vez más activa de Alberto Fernández en el universo sindical, donde la palabra oficial la pronuncia -todavía-Julio De Vido. De Vido es quien hizo los gestos más ostensibles para sostener a Hugo Moyano en su peor hora. El camionero colocó a José Rinaldi en la APE, oficina que está en la órbita de la SSS, pero tiene autonomía para el manejo de sus fondos que ascienden a 350 millones de pesos.

En la CGT advierten sobre las tensiones entre la Superintendencia de Salud que ordena Capaccioli y la APE del moyanista Rinaldi. Ahora, con el socialista Finvarb, el albertismo pondrá a un «comisario» a que controle si las obras sociales cumplen con sus afiliados.

En el gobierno hacen una lectura desangelada y atribuyen la creación de la Defensoría a un «avance» en el respaldo a los usuarios.