9 de abril 2008 - 00:00

Macri busca control de empresas

El jefe de Gobierno porteño envió esta semana a la Legislatura el proyecto de ley que crea una inspección general de justicia de la Capital Federal. Hasta ahora el trámite de inscripción de las sociedades comerciales y asociaciones civiles o fundaciones se realiza en la IGJ que tramita el gobierno nacional.

Pero Macri quiere que, como en las provincias, la dependencia esté bajo su órbita y ya le tiene prometido el cargo de titular de esa oficina al ex diputado Jorge Vanossi, quien como Enoch Aguiar (le dará la titularidad de una agencia informática) está aguardando que los diputados acuerden la sanción de las respectivas leyes que lo dotará de un cargo.

El macrismo asegura que la creación del organismo no requiere de un convenio con la Nación para que le traspase las actividades que lleva en la materia. En cambio intentarán que sea optativa la inscripción por parte de las empresas, es decir, que las sociedades decidan dónde anotarse.

Desde la oposición, que en la Ciudad representa el kirchnerismo, la legisladora Silvia La Ruffa anticipó que «en principio pareciera que la Ley Cafiero no permite contar con ese organismo, aunque la Constitución porteña lo prevé».

Para el macrista Martín Borrelli, «vamos a profundizar el debate, pero no queda duda de que hace a la autonomía de la Ciudad contar con un organismo como el que propone el jefe de Gobierno».

El proyecto de ley se presentó la semana pasada y el Gobierno de la Ciudad ya le pidió a los legisladores que lo consideren en su agenda, como parte de un paquete de normas que Macri quiere que este año se aprueben.

  • Diferencias

    Sin embargo dentro de la bancada PRO, hay diferencias con respecto a la iniciativa. Mientras que desde el Gobierno porteño aseguran que no es necesario un convenio con el gobierno nacional para la creación del registro, otros entienden que no podría funcionar de otra manera y que «no tiene sentido aprobar una ley que dependa luego de un acuerdo».

    La iniciativa crea el Registro de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica que estará en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce el ex juez Guillermo Montenegro.

    Tendrá a su cargo «las funciones que la ley le otorga al Registro Público de Comercio»; la «fiscalización de las sociedades por acciones, de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro, de las asociaciones civiles y de las fundaciones, cuando tengan domicilio legal o sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Además, de acuerdo al proyecto, el Registro fiscalizará las sociedades constituidas en el extranjero «que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente» en la Ciudad de Buenos Aires.
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