Macri disputa con la Nación crear nuevo registro de empresas

Mauricio Macri ha comenzado otra pelea con el gobierno nacional por autonomía para la Ciudad, aunque no es rimbombante como el reclamo por una policía. Pero, del mismo modo que se le niega el traspaso de agentes, el kirchnerismo le viene poniendo freno a una norma que, asegura, es incompatible con la llamada ley Cafiero, que acotó las competencias de la Capital Federal. Se trata de la creación de un registro de empresas que actualmente está a cargo de dependencias nacionales.

Así, el ex diputado Jorge Vanossi hace cuatro meses que deambula de reunión en reunión -ayer tuvo una en la Legislatura porteña- donde trata de acelerar la sanción de esa ley que creará una Inspección General de Justicia (IGJ) porteña cuya dirección le ha prometido Macri cuando dejó la banca y no formó parte de las boletas de candidatos para ser reelecto.

Pero Vanossi deberá esperar más, si es que tiene suerte y el organismo se crea.

Por ahora, la oposición kirchnerista le rechaza la iniciativa, argumentando que ya ha advertido al oficialismo que no levantará más la mano para la creación de más agencias u organismos descentralizados, pero por otra parte la bancada Frente para la Victoria no quiere cederle a Macri competencias nacionales sin un acuerdo previo con el gobierno de Cristina de Kirchner.

El jefe porteño ingresó el proyecto de ley a fines del año pasado no bien asumió y hasta sus colaboradores instruyeron a Vanossi para que comenzara a organizar el equipo que desembarcará en el Registro de Sociedades Comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, que buscará reemplazar a la actual IGJ que gerencia Nación. A diferencia de ese organismo, la IGJ porteña no tendrá facultades de fiscalización, pero promete digitalizar todos los trámites para que los abogados puedan hacer consultas y obtener certificados por Internet. Con eso, el macrismo busca el apoyo de los letrados que suelen quejarse de las demoras en el organismo nacional y la interpretación que éste hace de algunas normativas.

Sin embargo, la iniciativa generó polémica también dentro del propio macrismo. Mientras todos están de acuerdo en que, al igual que cualquier provincia, la Ciudad debe tener un registro propio, otros consideran que se complicará la actividad de las empresas en cuanto a la presentación de documentación, al existir dos organismos similares.

Dudas

Una de las cláusulas que resiste el kirchnerismo es un punto transitorio que otorga un año a las firmas para que se anoten en la IGJ de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en principio la inscripción sería optativa, de acuerdo con el proyecto que presentó el Ejecutivo y que genera varias dudas para su aprobación.

La norma se discute en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el macrista Marcelo Godoy y en la de Justicia, a cargo de otro macrista, Martín Borrelli. Con esos dos presidentes de comisión se reunió ayer Vanossi para insistir en acelerar la confección de un despacho que finalmente lleve la ley al recinto para ser aprobada.

Pero el ex diputado debería esperar por lo menos uno o dos meses más para tener el cargo en la administración macrista, al frente de la IGJ local, si se logra su creación.

El macrismo se ha tomado la defensa del proyecto de ley como un capítulo más en la pelea con Nación por la autonomía del distrito y contará, en principio, con los votos de parte de la Coalición Cívica para la sanción del proyecto, aunque en el camino tenga que hacer modificaciones, como viene sucediendo con casi todos los borradores que llegan a la Legislatura porteña desde el Ejecutivo.