Santa Cruz - Quebrado por donde se lo mire, el conflicto con los docentes de Santa Cruz parece haber alcanzado un punto sin retorno. Con el rechazo oficial de los gremios a la conciliación obligatoria por 15 días dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el enrarecido escenario social, la provincia natal del Presidente -con epicentro en Río Gallegos- vivía anoche momentos de extrema tensión como consecuencia de la rebelión popular que se fortalecía en las últimas horas.
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En este contexto, miles de santacruceños se movilizaron por las calles de la ciudad a media tarde para rechazar los hechos de violencia que se desarrollaron en la madrugada de ayer (ver aparte) y en respaldo a la decisión de los docentes de desconocer la conciliación dictada por la cartera del ministro Carlos Tomada. Para colmo, la Iglesia Católica local -fuertemente enfrentada al gobierno de Carlos Sancho y, por ende, a Néstor Kirchner- aglutinó a los habitantes en una misa que encabezó anoche el combativo obispo de Gallegos, Juan Carlos Romanín, en el gimnasio del Colegio Salesiano.
La negativa de los docentes a reconocer la conciliación obligatoria, resuelta por el gobierno nacional ante el lento avance de las negociaciones en Buenos Aires y frente a la continuidad del paro que ya lleva más de un mes, se adoptó por unanimidad tras la votación realizada en Río Gallegos y en adhesión a lo que habían dispuesto más temprano las asambleas distritales de Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado, Río Turbio, Las Heras y 28 de Noviembre.
Los sindicalistas de la educación desconocen la autoridad nacional para decidir este tipo de medidas y argumentan que sólo la subsecretaria de Trabajo local tiene potestad para dictar la conciliación.
Definitoria
La decisión de Río Gallegos es definitoria porque junto a Caleta Olivia tiene 24 de los 37 delegados al congreso provincial del gremio docente santacruceño, que se reunirá hoy y -tal como se anticipó- rechazará la medida.
Esta situación pone en duda la continuidad de las negociaciones que se interrumpieron este lunes en la sede de la cartera laboral en Buenos Aires y que, precisamente, se iban a reanudar hoy. Durante ese encuentro, los representantes gremiales reafirmaron su reclamo de «efectivo blanqueo y aumento del sueldo básico», pero no se logró un acuerdo.
Reclaman un salario básico de 1.040 pesos y un sueldo «de bolsillo» de 2.300 pesos para los trabajadores que recién se inician, además del «blanqueo» de las sumas que cobran como adicionales al sueldo básico, que se ubica actualmente en 161 pesos. En tanto, la Confederación General del Trabajo se manifestó «a favor» de que se blanqueen los salarios de los docentes, pero consideró que el conflicto en esa provincia debe ser «superado en el marco de la conciliación obligatoria y en el ámbito del Ministerio de Trabajo».
«Lógico que estamos a favor de que se blanqueen los salarios. Si hay cuarenta por ciento de trabajadores en negro, ellos se pierden de toda la recaudación que hace el sistema previsional», sostuvo José Luis Lingieri, titular de Obras Sanitarias, en conferencia de prensa luego de la reunión del Comité Directivo de la CGT.
Más temprano, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, había rechazado en forma tajante que el gobierno nacional analice la posibilidad de intervenir la provincia.
«Sería como si ante una migraña hiciéramos una amputación», graficó Fernández, quien demuestra su afición por la TV, que es dodne a la gente le da «migraña».
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