Malvinas: esfuerzo oficial por relanzar negociación
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El canciller Jorge Taiana y el representante argentino ante las Naciones Unidas, César
Mayoral, plantearon ayer la inviabilidad de la teoría de la autodeterminación de los pueblos,
en referencia a los habitantes de las islas Malvinas.
En esa línea, presentó a las islas Malvinas como «parte del territorio de un Estado independiente que ha sido separado contra la voluntad de sus habitantes y por la fuerza» perpetrada por una potencia colonial ante lo que «la República Argentina, como Estado agraviado, efectuó su reclamo desde entonces».
Tras repasar los antecedentes históricos que se quiebran en 1833 con la ocupación británica de las islas, Taiana afirmó que el archipiélago «se trata de un territorio colonial y no de un pueblo colonizado» por entender que la población de las islas no es originaria sino «una población británica trasplantada con el ánimo de establecer una colonia y sometida a un poder imperial». La situación histórica de disputa se ve «agravada cuando la población originaria ha sido desalojada» y ocupada por «súbditos de la potencia» quebrando las condiciones para demandar «el principio de libre determinación en un territorio formado por pobladores instalados por la fuerza por la misma potencia».
El segundo eje del planteo argentino se refirió a la negativa de las autoridades de Gran Bretaña a reanudar las negociaciones de soberanía por las islas Malvinas, a pesar de la exhortación de la comunidad internacional, y el rechazo de las acciones unilaterales británicas en el área en disputa. «Mi gobierno reiteró en cuanta ocasión ha tenido su voluntad negociadora. El Reino Unido ha desoído los sucesivos llamamientos de la comunidad internacional obstaculizando con su negativa la solución de la controversia y el proceso de descolonización», aseveró ayer Taiana.
«A pesar de la voluntad de cooperación, el Reino Unido no ha cesado de cometer actos unilaterales que introducen modificaciones que las islas están atravesando, contradiciendo las resoluciones y entendimientos provisorios y el mandato de la comunidad internacional», explicó Taiana ante lo que el gobierno argentino protestó y rechazó estos principios jurisdiccionales. La queja argentina está referida a la adopción de medidas en torno a actividades de prospecciónsísmica de hidrocarburos,el otorgamiento de licenciaspara la explotación de minerales y la continua presencia y jerarquización de la base militar británica en Malvinas. También reiteró el canciller la advertencia argentina de « rechazar cualquier pretensión de adoptar medidas unilaterales que afectara los recursos pesqueros» además del « pretendido ejercicio del papel de policía pesquera y el otorgamiento de permisos» de derechos de propiedad con plazos que podrían alcanzar los 25 años.
Para el gobierno nacional, «este persistente comportamiento británico alejó a las partes haciendo fracasar el proceso de construcción de confianza mutua y las negociaciones», lo que genera «una profunda inconsistencia entre la declaración de ese país en 1995 y su deliberada acción unilateral».
El embajador chileno ante la ONU, Heraldo Muñoz, fue el encargado de presentar al cuerpo el contenido de la resolución finalmente aprobada, y en su discurso afirmó que «el mantenimiento de esta situación colonial a principios del siglo XXI es un anacronismo al que se debe poner fin».




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