Marijuan: Protesta piquetera demuestra que "investigación va bien"

El fiscal federal Guillermo Marijuan aseguró hoy que la protesta que esta mañana realizará el grupo piquetero encabezado por Raúl Castells frente a su domicilio no va a amedrentarlo y señaló que, por el contrario, que es una señal que "indica que la investigación va por buen camino".

El fiscal que esta mañana esperaba frente a su domicilio "un escrache" del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIDJ), subrayó que la acción piquetera "no va a modificar en nada mi deber de investigar".

Marijuan resaltó el trabajo de la fiscalía a su cargo y aclaró que "la unidad, que es muy eficiente, no es un equipo creado para investigar a piqueteros sino a personas que han cobrado planes que no corresponden".

"Esta protesta no es más que una señal de que vamos en buen camino", señaló Marijuan que lleva adelante una investigación en la que al menos 30 personas denunciaron que Castells exige dinero a los desocupados para inscribirlos en el plan Jefes y Jefas de Hogar o contraprestaciones como participar del corte de calles.

También el fiscal investiga la denuncia que refiere que Castells vendería medicamentos o alimentos obtenidos a través de donaciones o presiones a las empresas.

"En líneas generales hay más de 30 testimonios que refieren estas tres situaciones y vinculan a Castells", explicó.

En cuanto a la venta de los productos que el movimiento piquetero obtiene por presiones a las empresas, Marijuan precisó que "habría una estafa al particular" y explicó que investiga para saber si el Estado entrega elementos para que lleguen gratuitamente a los desocupados y luego hay "una intermediación comercial".

Incluso el fiscal investiga si hay complicidad de funcionarios que puedan facilitar la entrega de mercadería en los depósitos y galpones de la agrupación piquetera.

"Muchos funcionarios municipales, punteros políticos y distintas personas se vieron involucradas por exigir dinero para mantener a los desocupados en los planes", advirtió Marijuan y aclaró que sólo la Justicia, la fiscalía o el Ministerio de Trabajo, pueden dar de baja a algún beneficiario.