Más escándalo con los tickets canasta: citarán a empresarios, también diputados

Trascendieron ayer más datos de la denuncia de intento de soborno del diputado Héctor Recalde contra empresas de vales de comida. Es inminente la citación por el juez Octavio Aráoz de Lamadrid a ejecutivos de Accor, de la cámara del sector y a integrantes del estudio Cueto Rúa, como su director Santiago Lynch. También a legisladores que participaron de la denuncia, el propio Recalde, Alberto Balestrini y Agustín Rossi. Hay antecedentes de este tipo de conflictos. Domingo Cavallo, días antes de renunciar en 1996, impulsó la eliminación del sistema de vales. También lo intentó en su fugaz paso en 2001. Lo curioso es que entre los clientes del estudio Cueto Rúa se encuentran el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, además de una larga lista de empresas. En el ínterin, todo proyecto que impulse el diputado Recalde tendrá un tratamientoexprés, sin nadie en el Congreso que se anime a votar en contra. Los más importantes: los que eliminan el régimen de pasantías y el de accidentes del trabajo. Derivaciones de un escándalo que se esparce por todos los ángulos. Los empresarios acusados serían citados en forma inminente por el juez de la causa, quien hoy estudiaría la eximición de prisión preventiva solicitada por los denunciados.

Héctor Recalde fue el diputado más requerido ayer durante la Asamblea Legislativa que proclamó el triunfo de la fórmula presidencial Cristina de Kirchner-Julio Cobos.

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid citará en forma inminente a los dos empresarios acusados de un supuesto intento de soborno al diputado Héctor Recalde para que frene una ley que perjudicaría a las compañías emisoras de vales alimentarios.

Ante esa medida, tanto Santiago Lynch como Miguel Gutiérrez Guido y Spano pidieron la exención de prisión, solicitud a la que el magistrado decidirá si hace lugar hoy.

Ambos empresarios se presentaron ante la Justicia tras la denuncia de Recalde, referida a un ofrecimiento a su hijo, Mariano, de una coima de u$s 20.000 mensuales para que se frenara una ley que supuestamente perjudicaría al sector de los tickets canasta.

El magistrado ya había realizado cuatro allanamientos a oficinas donde se realizaron las filmaciones con cámara oculta del pedido de soborno y otras dependencias.

Aráoz de Lamadrid dio vista al fiscal federal Jorge di Lellopara que resuelva si corresponde eximir de prisión a los empresarios y luego tomará una decisión.

Sin embargo fuentes del caso estimaron que no hay elementos suficientes como para dictar una prisión preventiva aunque sí para llamar a los denunciados a declaración indagatoria.

Involucrados

La denuncia involucra a la empresa Accord que se dedica a emitir tickets que son usados como parte del pago de salarios.

Mariano Recalde aseguró que se vio «en la obligación de dejar registrado en cámara oculta el intento de soborno de parte de esos supuestos representantes de la cámara de empresas que emiten los vales. Esa «coima» fue ofrecida, según denunció, a cambio de que su padre frenara el proyecto de ley que transformaría a los tickets en remunerativos, en forma gradual.

Justamente, el principal atractivo que tienen los tickets para las empresas es que permiten dar incentivos a sus empleados sin tener en cuenta el monto para el cálculo del pago del aguinaldo y otros conceptos remunerativos.

La denuncia indica que las empresas de tickets temen que se pierda un negocio que mueve más de $ 4.000 millones anuales.

Mariano Recalde dijo que estos representantes «venían intentando tener reuniones en privado» con su padre «desde que se presentó el proyecto».