Más rigor ante extorsión piquetera

Con el retorno de la actividad piquetera con dos marchas y un campamento en La Plata realizados por la CCC de Juan Carlos Alderete -abriendo una semana que abundará en cortes-, el gobierno nacional y el bonaerense se mostraron ayer en sintonía al menos dialéctica frente a los grupos de desocupados.

En paralelo, Aníbal Fernández y el jefe de Gabinete de Buenos Aires, Florencio Randazzo, se plantaron frente a las protestas advirtiendo que no se dejarán «extorsionar» --los funcionarios usaron el mismo término-por las agrupaciones piqueteras.

Parece perfilarse así una tendencia unificada entre la Casa Rosada y La Plata sobre el tema que, en principio, se sostiene en mantener las vías de diálogo con los piqueteros pero no ceder ante las movilizaciones y los cortes de ruta que puedan realizar.

• Relevancia

Esa postura, expresada por Fernández y Randazzo, adquiere mayor relevancia ya que hoy se producirá una serie de marchas en el conurbano --mientras el jueves habrá en Capital Federal-con reclamos hacia el gobierno provincial, pero también apuntando a la administración de Néstor Kirchner.

El enfrentamiento entre los piqueteros y La Plata radica en el reempadronamiento que efectuó el gobierno de Felipe Solá, que significó la baja de 23 mil planes sociales que se habían otorgado, según se detectó, en forma irregular.

En rigor, esa discusión giró el foco de las protestas de los piqueteros duros (el MIJD de Raúl Castells y el Bloque Piquetero de Néstor Pitrola, entre otras agrupaciones) hacia la provincia de Buenos Aires, adonde hoy tienen previsto realizar una seguidilla de cortes de calle.

A pesar de esa amenaza, Fernández aseguró ayer que el gobierno nacional no aceptará extorsiones pero que tampoco reprimirá. Y se despachó contra los piqueduros: «Son un grupito muy chico» con una «forma muy mala de hacer política: agresiva, confrontativa, no constructiva».

En tanto, Randazzo aseguró que Solá «mantendrá su decisión de dar de baja» esos planes debido a las « incompatibilidades» detectadas, al tiempo que aseguró que se trata de una decisión para transparentar la entrega de ayuda social.

«A fines de la semana pasada terminaron de revisar las bajas y vieron que estaban bien dadas, ya que respondían a dobles beneficios de planes, a fallecidos o a aportantes del sistema pevisional», dijo Randazzo y reafirmó la postura oficial de no dejarse «extorsionar» por los grupos piqueteros.

«Cuando cerró el reempadronamiento, más de 16.000 no se anotaron», dijo y señaló que «unos recibían el plan Jefas y Jefes de Hogar, que es incompatible con el de Barrios Bonaerenses; otros aportaban al sistema previsional provincial, y había unos 200 fallecidos».