Mendoza, Córdoba y Santa Fe cuestionan el proyecto oficial

José Manuel de la Sota y Jorge Obeid

El anuncio del plan de seguridad del gobierno nacional cosechó dispar reacción en las provincias. De un lado, aprobaron la iniciativa los distritos con menos conglomerados urbanos, para quienes la inseguridad no es un tema angustiante ni aterrador como lo es para Buenos Aires. Del otro, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, con grandes y pobladas ciudades, rechazaron la iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner porque aseguran que lo único que logrará será comprimir el accionar en Capital Federal y Gran Buenos Aires de los delincuentes y provocar desbordes hacia esas provincias.

«Es un plan que tiene más que ver con el Gran Buenos Aires y Capital Federal que con el resto de las provincias.» «No nos gusta que hablen de intervenir las policías provinciales.» «El plan no cubre las expectativas del interior.» Las quejas serán planteadas, una a una, el próximo viernes, cuando los ministros de Seguridad de todo el país se reúnan con el titular de Justicia, Gustavo Béliz, en el convocado Consejo Federal de Seguridad Interior.

El tema por discutir es el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 lanzado el lunes en la Casa Rosada ante la mirada de casi todos los gobernadores convocados por Néstor Kirchner. Un dato llamativo en el que coincidieron: antes del acto ninguno de los mandatarios sabía los contenidos de ese programa « federal».

Fue ayer, entonces, que comenzaron a trascender las críticas y las dudas en las provincias, aun en aquellas que apoyan públicamente la medida.

Los distritos grandes con importantes conglomerados urbanos, a excepción de Buenos Aires (que junto con la Capital Federal apoya los anuncios), son los más ofuscados. Se trata de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, cuyos mandatarios se sienten discriminados por el plan en relación a bonaerenses y porteños. También mostró su enojo el neuquino Jorge Sobisch.

En tanto, uno de los puntos en que coincidieron los gobernadores de todo el país es en el temor a que los fondos para combatir el delito, unos 1.000 millones de pesos, sean aportados de la coparticipación de impuestos.

Béliz garantizó ayer, sin embargo, que será la Nación «la encargada de disponer los recursos». Detalló que 600 millones de pesos provendrán del excedente de recaudación y 400 millones del Presupuesto de la Nación, estos últimos abocados a la construcción de 8 cárceles. (Ver Ambito Financiero.)

Los mandatarios más preocupados por el plan son los de:

CORDOBA:

José Manuel de la Sota planteó que el gobierno nacional «debería haber convocado al Consejo de Seguridad» antes de anunciar el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad.

Además, criticó el programa al afirmar que «ataca el día a día» y es «muy municipalista», una observación que los mediterráneos también hacen al proyecto de nuevo sistema de coparticipación de impuestos.

Consignó, por caso, que le gustaría discutir «por qué las provincias» le pagan «la Policía, los bomberos y otros servicios a la ciudad más rica del país», en referencia a Buenos Aires, y planteó que el gobierno «debería haber convocado en primer término al Consejo de Seguridad y luego promover el plan». El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, le contestó que es inevitable la atención a su ciudad ya que ésta no tiene policía propia.

Por otro lado, De la Sota destacó la necesidad de conversar «cuál va a ser la relación entre los policías provinciales y esta nueva fuerza policial que se anuncia, que es una especie de FBI estadounidense, llamada Agencia Federal».

SANTA FE:

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Alejandro Rossi, aseguró a Ambito Nacional que «en general se trata de un plan que tiene más que ver con el Gran Buenos Aires y la Capital Federal que con el resto de las provincias».

«Igual lo vemos bien como argentinos, ya que sabemos que es en esos distritos donde hay más problemas. Pero hay que saber que la respuesta debe ser integral para toda la Argentina, teniendo en cuenta la posibilidad de migración del delito al cerrarse el cerco en los distritos más afectados», graficó el funcionario de Jorge Obeid, una teoría con la que coincide el gabinete de Seguridad del cordobés José Manuel de la Sota y del salteño Juan Carlos Romero. De todas maneras, en la Casa Gris se mostraron satisfechos por la confirmación de la construcción de la cárcel de Coronda. «Lo que no compartimos es la posibilidad deslizada por Béliz de que la Nación podría intervenir las policías provinciales», subrayó Rossi.

Por otra parte, el secretario de Seguridad santafesino aseguró que «el tema de la unificación de los códigos procesales con el resto de los distritos, en nuestra provincia es algo que deberá darse a muy largo plazo». «En Santa Fe todavía no tenemos procesos orales para las causas», ejemplificó.

De todas formas, aclaró que «en el tema de la reforma de las policías provinciales adelantamos mucho y estamos más avanzados que Nación».

En las provincias -aun las que apoyan-quedan dudas respecto de diferentes puntos del plan que Béliz deberá aclarar el viernes en la reunión del Consejo:

• No queda claro de qué se tratará la Agencia Federal, una nueva policía de 6.000 hombres.

• El plan de Educación, paralelo al de Seguridad, también es algo que no entendieron bien en el interior.

• Por otra parte, y esto es muy importante para las gobernaciones, quieren saber exactamente cómo se va a financiar el fondo fiduciario para la seguridad. «Necesitamos recursos contra la inseguridad pero no podemos aportar», aseguró un ministro del área.

• Otra duda es relativa a cómo será el proceso de armonización de los códigos procesales de las provincias ya que existe una gran diversidad en sus estructuras y varios distritos, como San Juan y Tucumán, ya encararon por su cuenta proyectos de reforma.

Mientras tanto, otras provincias como Córdoba y Mendoza ya reformaron sus códigos.

MENDOZA:

Aquí fue, precisamente, donde ayer se sucedieron las críticas al plan de seguridad nacional. El ministro de Justicia y Seguridad local, Roberto Grillo, sostuvo que el programa de Béliz está muy pensado para Buenos Aires y Capital Federal.

De hecho, la comisión bicameral de Seguridad de la Legislatura de la provincia -que posee varios atributos en la materia desde la reforma de la Justicia y la Policía mendocinasle pidió al gobernador Julio Cobos que le transmita a Kirchner la siguiente inquietud: Mendoza lo que necesita son fondos nacionales, el resto lo viene haciendo por cuenta propia y lo propuesto el lunes en la Casa Rosada no es ninguna novedad en el distrito.

En tanto, en Chaco, Roy Nikisch aseguró que acompaña a Kirchner en la idea de combatir el delito, pero advirtió que el plan no cubre las expectativas del interior, donde hay otras necesidades. De hecho, en Misiones, distrito que apoya en general el plan, el ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta, criticó la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad a catorce años para los menores que cometan delitos, «porque no es la solución».

Además, mostró su preocupación por la idea de transferir a las justicias provinciales la actuación sobre delitos como el narcotráfico, porque cargará sobre los jueces de Instrucción más causas y ese fuero aquí «está colapsado».

«La coyuntura nacional es diferente. En Misiones no se puede hablar de crisis de inseguridad», analizó Iturrieta. Es decir, que no quiere que la crisis en Buenos Aires arrastre una estructura que para la provincia es efectiva.

A pesar de las dudas que se evidenciaron en distintos puntosdel país, hay una tropa de gobernadores que ya brindó su apoyo al plan de Kirchner.

• Juan Carlos Romero (Salta) dijo que «es bueno que el gobierno haya interpretado lo que pide la sociedad».

• Jorge Busti (Entre Ríos) anunció que hoy lanzará la licitación de compra de patrulleros. En tanto, adelantó que la Nación va a ceder en comodato a la provincia el edificio del regimiento de La Paz para alojar presos. Entre Ríos fue, junto a Santa Fe y Córdoba, uno de los distritos que se quejó porque la ayuda del Ejército sólo iría a Buenos Aires.

• Angel Maza (La Rioja) también se mostró alineado y dice que en su provincia impulsa las mismas reformas anunciadas por Béliz.

• Carlos Rovira (Misiones) apoyó el lanzamiento nacional y destacó el funcionamiento de la Policía provincial, que incorporará 500 nuevos agentes este año. Dijo que el 1 de mayo hará anuncios en materia de seguridad y justicia, como la creación de más juzgados y de la Policía de la Mujer y el Menor.

• José Alperovich ( Tucumán) recordó que inaugurará en 30 días una cárcel de contraventores y aseguró que se instalarán cámaras para controlar el accionar policial en las dependencias de esa fuerza.

• José Luis Gioja (San Juan) también respaldó el plan.