Mesa interministerial por pesca furtiva

Política

La respuesta tardía del Gobierno de Alberto Fernández al saqueo de recursos marinos en la milla 201 fue la conformación de una mesa de trabajo interministerial para profundizar “mecanismos de vigilancia y control y seguir mejorando las respuestas frente a los delitos que atentan contra los recursos marítimos de nuestro país y su soberanía sobre su plataforma de 200 millas”. Por décadas los habitantes del país han perdido a manos de flotas pesqueras extranjeras un promedio de 800 a 1.000 millones de dólares anuales por la captura ilegal de calamar y merluza hubbsi, además del impacto negativo en las compañías locales y en los trabajadores del sector que ven reducida su chance por la sobrepesca del recurso. Obran estadísticas probatorias del daño económico tanto en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, cuanto en la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Integran la mesa la Jefatura de Gabinete de Ministros, y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad, Agricultura, Ganadería y Pesca más la Armada y la Prefectura.

Sabina Frederic, titular de Seguridad, dijo que “es la primera vez que se realiza una reunión de este tipo” y recalcó “la importancia de alcanzar esta política de Estado para asegurar la preservación de recursos económicos y soberanos”, según refiere el comunicado oficial. Se comprende de una novata en la gestión, pero no hay atenuantes para dos actores conocedores de la problemática: Felipe Solá, el canciller, fue durante 6 años secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Gobierno de Carlos Menem, y Agustín Rossi, que repite en la función de Defensa.

Hay herramientas de política internacional para encarar la cuestión antes que correr tras el problema despachando buques y aeronaves cuando ya se cometió el despojo y el perjuicio a las arcas del Estado. En 2010, durante la presidencia de Cristina de Kirchner, se firmó el Acuerdo de Cooperación sobre Pesca entre el Ministerio de Agricultura de la República Popular China (MOA) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina. El artículo 1 dice que se acuerda mantener conversaciones y cooperar en 4 puntos, el cuarto es: “gestión y conservación de recursos pesqueros”. Ese acuerdo ratificado por el Congreso dio origen al Subcomité de Pesca China-Argentina, organismo específico para atender la agenda bilateral de la actividad pesquera. En septiembre de 2019 se hizo en Beijing la 11ª Reunión del Subcomité de Pesca China-Argentina; la encabezó el subdirector general del buró de Pesca, Liu Xinzhong, junto al entonces subsecretario de Pesca, Juan Bosch (Cambiemos). Acordaron acciones que permitan prevenir el ingreso y pesca ilegal de buques de bandera china en aguas de la ZEE. La parte china se comprometió a intensificar los controles sobre su flota de ultramar en el Atlántico sur, estableciendo una zona buffer de 1 milla del límite del Mar Argentino y comenzar a trabajar en forma conjunta en el desarrollo de un protocolo para implementar un mecanismo de comunicación temprana que permita coordinar acciones de prevención. Las partes fijaron un encuentro técnico para el primer semestre de 2020 orientado a pulir el procedimiento. Sobrevino el cambio de Gobierno y al parecer todo quedó en nada.

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