Modifican ley de tránsito para aplacar a intendentes

Política

El proyecto de ley de seguridad vial que Cristina de Kirchner le pidió al Congreso avanzará hoy un paso más en Diputados, aunque los cambios y contramarchas que sufrió hasta ahora obligarán a que el Senado lo trate de nuevo. Hoy las comisiones de Transporte y Presupuesto de Diputados intentará emitir el dictamen del proyecto para dejarlo habilitado para la votación en el recinto.

El paso del proyecto por Diputados no será sólo una escala, como en otros casos, de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Esta vez los diputados deben modificarlo, después de los errores que cometió el gobierno en la redacción.

El primero de ellos fue reconocido por la propia Cristina de Kirchner en su mensaje ante la Asamblea Legislativa: el gobierno dispuso la creación de un impuesto de 1 % sobre las pólizas de los seguros automotores de todo el país para financiar la nueva agencia de seguridad vial, una megadependencia que controlará desde el otorgamiento de las licencias de conducir por puntos en todo el país hasta la seguridad en rutas. Pero como el proyecto fue girado primero al Senado, el gobierno tuvo que reconocer que la Constitución Nacional prohíbe -como en casi todo el mundo- que los senadores decidan sobre la creación de impuestos, una prerrogativa que sólo tienen los diputados como cámara iniciadora.

Los senadores finalmente eliminaron el impuesto por lo que la ley se quedó sin financiamiento. Por eso ahora las comisiones de Diputados deben resolver la aplicación del tributo para compensar esa falta de fondos.

De todas formas no será el único tema a solucionar. En Diputados reconocen que, ya que el proyecto debe volver al Senado en revisión, el gobierno pidió que se introdujeran otras modificaciones para hacer operativa la ley. Hay algunos puntos que en la redacción original hacen casi inaplicable la norma y que traerían a futuro conflictos con los municipios.

Por ejemplo, la misma ley dispone que los intendentes y gobernadores deberán ceder parte de la recaudación que obtienen por la emisión de los registros de conducir -que ahora pasará a estar controlada por la Nación- y por las multas que aplican en su jurisdicción. En algunos casos esos ingresos suponen buena parte del financiamiento de los municipios, con lo que el conflicto, aunque el Senado haya ratificadoeste punto, quedó latente. Pulirán también la redacción en cuanto a la compatibilidad de los registros provinciales -en algunos casos ya existe el sistema de puntos, pero en la gran mayoría no- y los poderes que tendrá la agencia nacional de seguridad vial para emitirlos.

Esa dependencia, que rendirá cuentas al Ministerio del Interior, será la encargada de establecer un único registro de conducir a nivel nacional y diseñar el sistema de «puntaje», por eso la necesidad de precisar sus poderes.

Es decir, para que la ley sea operativa, las provincias y municipios deberán resignar su facultadde otorgar registros de conducir, ya que existe un convenio previo con los diferentes distritos para conseguirlo que fue aprobado en ambas cámaras.

El encargado de negociar los cambios con el gobierno fue Agustín Rossi, que ya mantuvo conversaciones con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, para terminar de pulir el proyecto de ley.

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