Mucho humo con autos diplomáticos

La denuncia por las irregularidades en la venta en el país de autos ingresados con licencia diplomática parece ya un retorno en el tiempo. Se repiten ahora experiencias del pasado con persecuciones judiciales y exagerados anuncios en conferencias de prensa. Se trata, sin duda, de la maniobra de un grupo de "pícaros". Pero valuando cada uno de esos 86 vehículos en u$s 100.000, el monto total involucrado equivale a u$s 8,6 millones. Lo mismo que 10 valijas como las que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país.

Jorge Taiana

La causa por el contrabando de automóviles de lujo vía diplomáticos extranjeros, y que tiene como hit el ingreso ilegal de todoterrenos Hummer (vehículos prohibidos para su comercialización directa en el país), ingresó desde ayer en el terreno judicial; donde tendría que recorrer tres caminos diferentes.

Por un lado, habrá una investigación por contrabando, evasión impositiva y potencialmente, asociación ilícita; causa que será llevada a cabo por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Habrá, además, una pesquisa judicial penal administrativa, para determinar si efectivamente algún funcionario de la Cancillería argentina, donde se inició el caso, concretó algún delito. Finalmente, y si hubiera algún diplomático extranjero sospechado, deberá ser la Corte Suprema la que intervenga.

Ayer el primero en actuar fue Aguinsky, que comenzó a analizar el caso y prohibió, por pedido de la Aduana, la salida del país de todos los vehículos importados bajo la modalidad del otorgamiento de franquicias por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. En total los vehículos y 4x4 involucrados, por el momento, son 86, en un listado que podría ampliarse en las próximas semanas.

Aguinsky también informó que mientras se mantenga esta prohibición, los representantes diplomáticos extranjeros deberán gestionar una autorización expresaen la Dirección de Investigaciones de la Aduana, área que mantendrá contacto con el juzgado y con la Cancillería, para su autorización.

Este juez deberá decidir en las próximas horas si comienza un proceso efectivo contra los potenciales involucrados, y cuál sería el delito concreto que se les podría imputar. En principio, y como mínimo, cabría la pena de «contrabando agravado», ya que las unidades fueroningresadas ilegalmente al país para su comercialización sin pagar 35% de tasas de importación y 21% de IVA. Pero además Aguinsky debe definir si existió una organización deliberada de varias personas para realizar la maniobra de ingreso de vehículos vía alguna embajada, su posterior nacionalización y, finalmente, su comercialización directa, donde intervinieron funcionarios argentinos, diplomáticos extranjeros y agencias privadas locales de venta de automóviles y camionetas de lujo. En caso de confirmarse esta maniobra, Aguinsky podría determinar que existe una «asociación ilícita», que de tener culpables les correspondería prisión efectiva.

El juez suma así un nuevo caso relevante para su juzgado. Entre los más recordados, y vinculados a potenciales contrabandos, se encuentra la causa de venta ilegal de armas a Ecuador vía Croacia durante el gobierno de Carlos Menem. Más cerca en el tiempo, le tocó investigar a la ministro de Defensa Nilda Garré y la venta de armas argentinas subvaluadas al exterior y las acusaciones del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno contra Shell.

Por otro lado, también ayer, la jueza federal María Servini de Cubría resolvió habilitar la feria judicial de enero para dar curso a la denuncia presentada por Cancillería sobre esta cuestión.

Competencia

La magistrada remitió la denuncia al fiscal federal Luis Comparatore, quien impulsará la investigación, pero antes buscará determinar si la causa es competencia de su fuero o de la Corte Suprema de Justicia.

Esto es así porque, según las fuentes, en los ilícitos estarían involucrados cónsules, una categoría que da inmunidad diplomática por lo cual sólo podrían ser investigados por el máximo tribunal del país. Para ello Comparatore buscará establecer si los sospechosos tienen todavía ese cargo o están retirados, algo que pedirá dilucidar a Servini de Cubría junto a una batería de medidas de prueba en las que trabaja la fiscalía. Según los investigadores podría encuadrarse el ilícito dentro de los delitos de « contrabando» e « incumplimiento de deberes de funcionario público». Este último caso, seríala situación de los empleados públicos que trabajan en la Cancillería y que intervinieron en el otorgamiento de licencias sin los requerimientos necesarios para que puedan ser utilizadas por las embajadas y los diplomáticos que tienen destinos dentro del país.

El dictamen fiscal estará listo para ser presentado hoy ante Servini de Cubría, quien deberá resolver si accede a los pedidos, envía el expediente a la Corte o retiene la investigación en el fuero federal.

Servini de Cubría se hizo cargo de la causa debido a que su colega Norberto Oyarbide, en cuyo juzgado está la denuncia, se encuentra de licencia.

La denuncia penal presentada por Cancillería, de un millar de carillas, abarca un muestreo de 86 automóviles importados sobre un total de 900 ingresados al país con franquicia diplomática entre 2004 y 2006. El caso más notable dentro de lo que se investiga, es la entrada al país vía nacionalización, luego de ser ingresado por alguna aduana, de varios todoterreno Hummer. Este vehículo, fabricado por General Motors, no tiene autorización para circular por el país, con lo que todos los Hummer que están habilitados con cédula verde podrían haber ingresado a la Argentina con la maniobra ilegal de las embajadas; lo que no quiere decir que los compradores finales no hayan actuado de buena fe.

Los autos para diplomáticos extranjeros pueden ser importados libres de impuestos una vez obtenida la franquicia que otorga la Cancillería y, tras su nacionalización, puede ingresar al mercado y ser revendido a un precio muy superior. La franquicia (que la Cancillería otorga sólo a funcionarios extranjeros) permite traer un auto exento del IVA, pero luego éste tiene que obtener un permiso de nacionalización.