Multan a la Barrick con más de $ 145 M por derrame

El gobierno de San Juan multó a la empresa minera canadiense Barrick Gold por un monto de 145.696.000 pesos por el derrame de solución cianurada de la planta de lixiviación de la mina Veladero, ocurrido el 12 de septiembre del año pasado. El anuncio fue formulado por el gobernador, Sergio Uñac, y aplicada a través de una resolución del ministro de Minería, Alberto Hensell.

La multa a la minera, se conoció después que el juez que investiga el accidente ambiental, Pablo Oritja, procesara a 9 empleados de la empresa, por negligencia e impericia al dejar que más de un millón de litros de agua cianurada, cayera a los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca en el departamento Iglesia.

Por su parte, la minera Barrick aseguró que corrigió los factores que provocaron el derrame de cianuro en la provincia de San Juan por el que fue sancionada y dijo esperar "reconstruir un camino de confianza con la comunidad".

"Lamentamos profundamente este incidente y esperamos reconstruir un camino de confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y la Argentina", sostuvo la compañía en un comunicado.

Consideró "importante destacar que las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente. La compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina".

Además, prometió seguir "colaborando con las autoridades, aportando todo aquello que contribuya a informar con certeza y responsabilidad sobre un tema relevante para la sociedad".

La medida recayó en el jefe de Procesos, Leandro Poblete; del subjefe de Procesos, Segundo Álvarez; del gerente de Minas, Carlos Cabanillas; del gerente de Prevención de Riesgos, Ángel Escudero; del supervisor de Servicios Técnicos, Osvaldo Brocca; del supervisor de Mantenimiento, David Sánchez; del supervisor de Medio Ambiente, Ricardo Cortez; del gerente de Procesos, Walter Pizarro, y del gerente general, Antonio Adames (quien fue desplazado de su cargo tras el incidente).

El magistrado consideró que los nueve imputados violaron el artículo 56 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que pena con entre 1 mes y 2 años de prisión en suspenso a quienes, por imprudencia o negligencia, causen adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo.

En reacción, el jueves la empresa resaltó que, "sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito".

En rigor, la resolución del magistrado data de hace cerca de dos semanas, pero los imputados -a quienes además se les trabó embargo por 100 mil pesos- fueron notificados recién ayer.

El derrame derivó en dos investigaciones judiciales, que quedaron a cargo de Oritja y del juez federal en lo Criminal y Correccional N° 7 de Capital Federal, Sebastián Casanello, en medio de tensiones de competencia.

El derrame -que generó fuerte preocupación en la población- se produjo el 12 de septiembre de 2015, a partir de la rotura de una válvula de una tubería que conduce solución cianurada. A eso se sumó que una compuerta quedó abierta, por lo que el compuesto no llegó al canal de contención sino al río.

Un reciente peritaje oficial de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina determinó la presencia de "una clara infracción" de la Ley de Residuos Peligrosos "por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación".