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El jefe de Gobierno se propone disminuir el gasto en personal que es la cuota que mayor proporción insume del presupuesto de la ciudad, más de 50%. Si bien es cierto que a su vez la planta política de Macri aumentó el listado, por ahora la gestión porteña sigue tomando medidas para achicar el plantel.
Por un lado dio de baja a 2.300 empleados y la Justicia -tras un periplo de demandas y apelaciones- le dio la razón en la cesación de contratos, aunque dejó supeditado al censo que está haciendo el gobierno la posibilidad de echar más gente.
Por otra parte, Macri firmó un decreto que dispone otorgar una gratificación especial para los empleados que estén en condiciones de jubilarse este año, para que lo hagan en los próximos dos meses, con lo que cobrarían un extra equivalente a 20 sueldos brutos de enero pasado con un máximo de $ 40 mil por persona.
Además, el jefe porteño también viene ganando la pelea judicial tras haber determinado la intervención de la obra social municipal, una medida que pareció responder al paro y movilización que hizo, ni bien asumió Macri, el gremio de municipales con Hugo Moyano de aliado para reclamar por los 2.300 desplazamientos de contratos de empleo público.
Finalmente el titular de la obra social, el sindicalista Patricio Datarmini, terminó renunciando al organismo, tras la decisión de la intervención de ordenar al Banco Ciudad que no pague cheques de la obra social que no cuenten con la firma del interventor.
Ahora también el macrismo ha logrado lo que se propuso Grindetti con respecto a los sueldos de los empleados, «que no pasen de 20% o menos», tal como le ordenó al ministro de Educación, que ya negoció con los maestros.
De ese modo la pauta salarial quedó dentro del marco de lo presupuestado para subir los sueldos, pero con la ventaja de poder incrementar escalonadamente los salarios y llegar a fin de año sin pretensiones de una nueva actualización.
El macrismo comenzó a mantener conversaciones con Sutecba desde antes que Macri asumiera, y entre todos los temas que se tocaron hay uno que al parecer el gremio impuso no ceder, como es la privatización del servicio de recolección de residuos domiciliarios en la zona sur de la Capital Federal, que es el que se realiza con personal del Gobierno y no se concesiona.




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