En esa reunión habían hablado de «gestión», es decir de cómo el gobierno nacional puede auspiciar obras de infraestructura en los municipios. Allí los «olavarrías» consiguieron algo que Kirchner no les suele conceder a los intendentes peronistas, que sean los municipios quienes adjudiquen las licitaciones. Como es sabido toda administración termina jugando su suerte en la relación con los proveedores. En el caso de las obras públicas se trata de poder controlar, más allá del origen de los fondos, a qué empresa se adjudican y quién liquida los certificados.
En las obras que el gobierno nacional paga en los municipios hay diferencias. Algunos intendentes peronistas del conurbano, coronados de fondos para obras, se quejan de que la Nación da los fondos pero se reserva la adjudicación final y el pago de los certificados. Algo que seguramente cambiará cuando finalice la puja entre kirchneristas y duhaldistas.
Como los intendentes radicales están fuera de esa puja, el gobierno les ha dado esa facultad de decidir quiénes los proveerán.
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