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El sindicalista Luis Barrionuevo al llegar a la Fiscalía Federal de Mar del Plata. (foto: gentileza Infojus)
Además, dijo que compareció porque "acá hay un fiscal federal que me citó y me puse a disposición", y consideró que "es todo político, no hay otra cosa", ya que "cada vez que pasa algo la culpa es nuestra", aunque admitió: "no creo que sea una persecución judicial".
La semana pasada, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), fue entrevistado por Canal 26, ocasión en la que aseguró que "lo que viene para diciembre" en la Argentina es un "estallido" por la inflación.
"Los conflictos se van a acelerar, la plata cada vez va a ser menos y no es que uno meta más miedo, cuanto más pronto el 2015 mejor. El tiempo político, de los políticos, no es el tiempo nuestro", auguró el líder de los gastronómicos, al tiempo que aseguró que "la Presidenta dijo que si la inflación llegaba al 25% estallaba la Argentina y vamos a estar en 40 por ciento de inflación", por lo que según él, "la que preanunció lo que viene es la propia Presidenta".
Según el Código Penal, estas declaraciones podrían afectar el orden público, por lo que Barrionuevo estaría incursionando en distintos delitos que afectan ese bien jurídico de interés general para la sociedad y la vida en democracia. En su artículo 209, el Código considera que todas acción se considerará como una instigación a cometer delitos quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución", y prevé la prisión de dos a seis años, según la gravedad de la acción.
Asimismo, el artículo 211 establece que "será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".
Las declaraciones del dirigente gremial opositor, también podrían encuadrarse en el delito de incitación a la violencia, y contaría con una pena de prisión de tres a seis años, según el artículo 212 de ese código.



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