10 de septiembre 2012 - 19:02

"No le debemos nada a Córdoba, cumplimos nuestros compromisos"

Herán Lorenzino y Diego Bossio
Herán Lorenzino y Diego Bossio
Para el Gobierno nacional la demanda del gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota sólo obedece a sus ambiciones políticas. "La responsabilidad de administración y encontrarle la sustentabilidad y el pago mensual de los 92.000 jubilados estatales es del gobernador De la Sota", aseveró el titular de la Anses, Diego Bossio. Para el funcionario lo que busca el gobernador es "deslindar responsabilidades" y fue categórico cuando relató la audiencia ante la Corte Suprema: "La sensación que tengo es que, por momentos (De la Sota) tenía rigurosidad en el análisis con los datos y la denuncia pero, por momentos, era un político en campaña. Expresó el mismo slogan que en su ultima campaña" (se refiera a la de gobernador) contó el titular del organismo previsional.

En tanto, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino se mostró más cauteloso en sus dichos pero no negó la intencionalidad política del gobernador cordobés a través del reclamo. "Con las únicas provincias que hemos tenido juicios fueron con San Luis, Santa Fe y ahora Córdoba", señaló.

La audiencia conciliadora ante la Corte Suprema para saldar el conflicto entre Córdoba y la Nación por una deuda que le reclama la provincia de $1.040 millones no se llegó a ningún acuerdo y ambos se mantuvieron en sus argumentos.

Ante los supuestos dichos del mandatario cordobés en el sentido que el gobierno nacional le había reclamado que "baje las jubilaciones y que abandone el 82%", tanto Lorenzino como Bossio, se ocuparon, durante la conferencia de prensa brindada en el Ministerio de Economía, de aclarar en más de una oportunidad que "no le exigimos al gobernador que cambie su sistema previsional". "El 16% es responsabilidad de De la Sota. No exigimos cambios provisionales, es la propia provincia la que modificó esas condiciones y ese movimiento generó un déficit, que ahora piden cubrir", remarcó Bossio.

La presidente, Cristina de Kirchner, el jueves pasado, también se ocupó de aclarar que ella no "manda a decir lo que tienen que hacer los gobernadores", mensaje que se interpretó dirigido tanto para el gobernador de Santa Cruz, de la provincia de Buenos Aires como de Córdoba. En más de una oportunidad, los legisladores del Frente para la Victoria hacen conocer posiciones diferentes a los proyectos de los mandatarios provinciales para así comprometer su apoyo o el apoyo del gobierno nacional. Sin embargo, últimamente los ministros y funcionarios como la propia mandataria se han ocupado de aclarar que "no le indican a las provincias lo que tienen que hacer".

Aunque, deslizan cuando pueden, que existen algunas provincias que están manejando mal sus cuentas. "Una provincia que tiene problemas fiscales es más fácil echarle la culpa a otros en vez de solucionar los problemas", dijo Lorenzino.

Al respecto, pusieron como ejemplo que el impuesto de Ingresos Brutos en Córdoba es el que mayor peso tiene en la recaudación provincial -pasa del 60% en 2003 al 81% en 2011- "porque es un tributo fácil de recaudar", dijo Lorenzino. En cambio, el impuesto inmobiliario -segundo en términos recaudatorios- representaba el 27% del total en el 2003 y ahora es solo del 7%.

También, durante la conferencia, se expuso que Córdoba tenía una deuda de $6.253 millones y que gracias al Programa Federal de Desendeudamiento Provincial se redujo en $1.352 millones quedando una deuda neta de casi $5.000 que fue refinanciada a 20 años con una tasa fija anual del 6% anual con periodo de gracia hasta el 2013 inclusive. Para continuar demostrando la mala gestión provincial en los considerandos que se presentó a la Corte Suprema se lee que "la provincia se esta endeudando a cortísimo plazo (menos de 6 meses) a tasas anuales superiores al 13%/14%.

Una de las críticas más recurrentes al Gobierno por parte de las administraciones provinciales es el retaceo y la discrecionalidad en el envío de fondos. Sin embargo, con números en la mano, Lorenzino y Bossio mostraron que Córdoba recibió lo siguiente:

• Las transferencias automáticas por coparticipación y las especificas para programas sociales y obras crecieron más de 619% entre el 2003 hasta el primer semestre del 2012.

• En transferencias de Capital para obra pública el crecimiento fue de más del 28.799%. Este increíble aumento corresponde a que en el 2003 la obra pública representó solo 3 millones de pesos y hoy alcanza los $902 millones, según los cálculos del Anses.

• Los gastos y transferencias presupuestarios nacionales ejecutadas en Córdoba crecieron un 906% en el periodo 2003/2012 y se excluyen aquellas de carácter automático.

• La Anses se hace cargo de los fondos correspondientes al 84% de los jubilados cordobeses.

"Las cuentas de la provincia no lucen demasiado bien y han mostrado un significativo deterioro", alertó el ministro de Economía aunque según los datos que se distribuyeron las cuentas públicas de la provincia muestran un déficit de $2.033 millones cuando en el 2010 el superávit era de $1.213 millones. Aunque para Lorenzino el buen resultado responde a que "si han mostrado superávit en los último cuatro años, es porque hubo transferencias de la Nación" para luego rematar "es más fácil echarle la culpa a otros, que dedicarse a gestionar".

El titular del Anses, explicó que, a través de diversos convenios, Córdoba se había comprometido a "armonizar" la situación previsional de la provincia, con el sistema previsional nacional, "pero no cumplió dos de las cláusulas establecidas y avaladas por el gobierno provincial y su legislatura", explicó. No obstante "la Nación obró de buena fe y le siguió transfiriendo recursos a la provincia" ($4.440 millones de pesos desde el 2002).

En Córdoba no comprenden porque en el 2010 la Nación trasfirió fondos a pesar de que la provincia no había cumplido con esas dos cláusulas que hoy se reclama dando a entender que el no envío de fondos por parte de la Nación en el 2011 obedece a una razón que no es estrictamente imputable al convenio.

El tema quedo en manos de la Corte Suprema quién será la encargada de dirimir desde el punto de vista técnico quién tiene razón.

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